El obispo de Zárate-Campana echó de la diócesis al cura que trabaja por la libertad de los genocidas presos
Genocidas y diputados/as de La Libertad Avanza tras la visita de éstos a la cárcel de Ezeiza
Se trata del hijo de un militar condenado, que habría alentado la realización del encuentro en el penal de Ezeiza.
El obispado de Zárate-Campana informó que no le renovó al sacerdote Javier Olivera Ravasi el permiso para desarrollar actividades pastorales en dicha jurisdicción, luego de recibir “numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano”.
Olivera Ravasi, de 47 años, es hijo del mayor Jorge Antonio Olivera, quien cumple prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad. El sacerdote ha sido señalado por promover el acercamiento de los legisladores libertarios a figuras de la represión como Alfredo Astiz y Antonio Pernías.
La fundación que Olivera Ravasi dirige, San Elías, se presenta como un bastión de la “contrarrevolución cultural y espiritual”, con un lema que busca desacreditar la historia y el testimonio de las víctimas del terrorismo de Estado.
Este tipo de movimientos y discursos son especialmente peligrosos en una democracia, ya que buscan revisar y justificar actos que han sido ampliamente condenados por la comunidad internacional y por las propias instituciones de la Iglesia.
El religioso no es un desconocido para la Curia: surgido del ultraconservador Instituto del Verbo Encarnado, de Mendoza, es abogado, se doctoró en filosofía e historia, fundó la Orden de San Elías a la que define como “una sociedad de vida apostólica que tiene por fin la misión ad gentes y el apostolado de la contra-revolución cultural”. Es muy activo en redes sociales, algo que suele generar malestar en la Iglesia.
A partir de la decisión del obispado de Zárate-Campana el cura Olivera Ravasi deberá regresar a San Rafael (Mendoza), la diócesis a la que pertenece según la norma eclesiástica o, de lo contrario, buscar que algún otro obispo lo acoja. La disposición no adelanta sobre la posibilidad de que se tomen otras medidas que restrinjan la actividad religiosa del cura ni tampoco sobre su estatus como sacerdote.
Cualquier determinación al respecto debería recaer en principio sobre el obispo de San Rafael, Carlos María Domínguez, de quien hasta el momento no se conoce ningún pronunciamiento.
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