Panorama legislativo: amparos de legisladores y debates por la Línea D y la inflación
En la última semana los legisladores porteños de distintas bancadas acudieron a la Justicia contra el protocolo antipiquetes y el Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno nacional de Javier Milei para desregular la economía.
En tanto, el dato de inflación de diciembre –el más alto en décadas- alentó un debate entre representantes locales. También hubo reclamos por una mayor frecuencia de colectivos para compensar el cierre de la Línea D hasta marzo y hubo solidaridad con Ecuador por el ataque sufrido a mano de organizaciones criminales.
Contra el DNU porque “deja a las personas libradas a la fuerza de los que tienen poder”
Los legisladores porteños de Unión por la Patria (Unión por la Ciudad) presentaron una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad del DNU 70/2023, firmado por los 18 integrantes del bloque y patrocinado por la abogada y legisladora Graciana Peñafort.
“Estas semanas hemos analizado exhaustivamente el DNU y hemos concluido que hay una afectación concreta en la vida de los porteños: prepagas, tarjetas de crédito, acceso a los alimentos, vivienda y alquileres. En cada medida adoptada, la “desregulación” no consiste en otra cosa que liberar a quienes tienen poder, y dejar sin libertad y sin opciones a los ciudadanos de a pie”, explicó la legisladora de UP Claudia Neira.
“Estamos convencidos que no es sólo un tema de formas. El sentido del DNU es instaurar un sistema económico de libre mercado donde el Estado deja a las personas libradas a la fuerza de los que tienen poder. Ello colisiona con el sistema adoptado por la Ciudad desde su autonomía en el cual el Estado debe llevar adelante una política para que “la actividad económica sirva al desarrollo de la persona y se sustente en la justicia social””, agregó.
“Esperamos que se suspendan los efectos del DNU y seguimos trabajando en proyectos y propuestas para que las políticas de nuestra Ciudad se den en el marco de nuestros principios constitucionales para dar soluciones a los ciudadanos”, concluyó.
Desde su entrada en vigencia, se presentaron diversos amparos contra el DNU. Los más resonantes fueron los de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA-T), por los cuales la Justicia laboral ordenó suspender el capítulo del decreto sobre la reforma laboral.
Hubo otras presentaciones como la de Inquilinos Agrupados para suspender la derogación de la Ley de alquileres. También el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) impulsó un amparo en contra de la venta de los medios públicos.
Contra el protocolo antipiquetes
Ante la acción de inconstitucionalidad contra el protocolo antipiquetes presentada por la legisladora porteña del Frente de Izquierda Celeste Fierro, la sala A de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal habilitó la feria judicial y declaró competente a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.
Implementado desde la asunción del Gobierno nacional de Javier Milei, la legisladora sostiene que el protocolo del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich “penaliza la ocupación del espacio público en toda forma de manifestación pacífica, limitando así los derechos constitucionales de reunión, de peticionar a las autoridades y la libertad de expresión”.
Los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco resolvieron “habilitar la feria judicial y atribuir competencia en la presente causa a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal”. “Se considera que los mismos (argumentos) revisten suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida”, consideraron.
Los jueces sostuvieron que “el asunto aquí debatido tiene de modo claro naturaleza penal, en tanto se vincula esencialmente con la actuación que le compete a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en casos en los que se verifique un ´delito Flagrante´”, por lo que “corresponde disponer que la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal resulta competente para entender en las presentes actuaciones”.
Debate por la peor inflación en décadas
El jueves 11 de diciembre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el índice de inflación del mes de diciembre en el país fue del 25,5% y de 211,4% a lo largo de 2023 (IPC-Costo de Vida),
El incremento de 211,4% registrado en 2023 fue el más alto desde 1990 a la fecha, año que cerró con una hiperinflación de 1.349%, resaltó el organismo.
Ante este acontecimiento, los legisladores porteños opinaron desde distintas perspectivas. El presidente del bloque La Libertad Avanza en la Legislatura porteña Ramiro Marra compartió en sus redes sociales el hashtag #MileiEvitoLaHiper: “Vamos por más”.
“Con el desastre que nos dejó el gobierno kirchnerista, que esta publicación le sirva a todo el pueblo argentino para entender el problema que tenemos y que este gobierno no va a bajar los brazos hasta terminar para siempre con el flagelo de la inflación”, agregó.
Por el contrario, el legislador de Unión por la Patria Matías Barroetaveña le respondió en redes: “Por culpa de sus decisiones de gobierno duplican la inflación en un mes y alcanzan la tasa más alta en 30 años Pero dicen que es un éxito. Desde el “estamos ganando” de Galtieri que no nos mentían así”.
En tanto, el legislador del oficialismo porteño Vamos por más Hernán Reyes afirmó: “La inflación es la marca registrada del modelo k. Tenemos que terminar de una vez por todas con este flagelo, teniendo en cuenta que es fundamental cuidar especialmente a los chicos y a los jubilados”.
Desde este bloque también se manifestó Facundo del Gaiso: “Inflación 25,5 % diciembre, faltan actualizar transporte, tarifas, seguir actualizando nafta, prepagas, colegios. La herencia fue terrible. Pero hay q hablar de jubilaciones y salarios si no vamos a la destrucción de la clase media con niveles de pobreza e indigencia nunca vistos”.
Por otra parte, Marina Kienast, del bloque Frente Liberal Republicano, sostuvo: “La inflación del 25,5% es una carga pesada para todos. Hay que recordar que el presidente Milei está lidiando con las consecuencias de decisiones pasadas, sobre las que muchos hicieron silencio. Aplaudo su determinación para poner fin a esta crisis económica”.
Por más colectivos ante el cierre de la Línea D
La Línea D de subtes, que une el barrio de Belgrano con el Bajo porteño, cerró sus puertas el lunes 8 de enero y reabrirá el domingo 17 de marzo para poder finalizar la obra de modernización del sistema de señales y el reemplazo de las máquinas de cambio, informó la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).
En el Gobierno porteño recomiendan distintas líneas de colectivos para suplir este recorrido. También llaman a usar EcoBici.
En tanto, legisladores porteños de Unión por la Patria presentaron un proyecto de Declaración para que el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires “arbitre los medios necesarios para ampliar las frecuencias y/o proveer servicios adicionales de transporte público de colectivos en el trayecto correspondiente a la traza de la Línea D de subterráneo (Congreso de Tucumán-Catedral), durante todo el período en que ésta permanezca cerrada, a los fines de garantizar el correcto traslado de pasajeros/as”.
La defensa del proyecto señala: “El presente proyecto de Declaración tiene por objeto solicitarle al poder ejecutivo que brinde una solución al drama de miles de vecinos y vecinas que se ven afectados por la decisión intempestiva de cerrar la línea D de subterráneos por más de dos meses para realizar obras en la traza. El cierre desde el 8 de enero al 17 de marzo del presente se trata de una decisión inédita, ya que se trata del cierre más grande en la historia de la línea, teniendo en cuenta que no se prevé ninguna obra de ampliación del recorrido y las reformas que se pretenden realizar no deberían por qué afectar a los pasajeros”.
“Tras el anuncio, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha puesto ningún recurso de contingencia para tratar de mitigar las consecuencias de tener parada una de las líneas que más pasajeros transporta al día, en todos los horarios. Sorprende aún más del Ejecutivo Porteño teniendo en cuenta que para el 2024 no están previstas obras de ampliación del subte y nuestra red se ha estancado, si tenemos en cuenta que Buenos Aires fue pionera en Latinoamérica en lo que respecta al transporte público más rápido y sustentable con que contamos”, agregaron.
“Han pasado 23 años de la sanción de la Ley 670 y todavía es una deuda pendiente que los vecinos y vecinas de Barracas, Padre Mugica, Villa del Parque, Paternal, Agronomía, Pompeya, entre otros, tengan una estación de subte cerca de sus casas”, concluyeron en UP para defender el aumento en la frecuencia de los colectivos.
Solidaridad con Ecuador desde la Legislatura porteña
La legisladora del bloque oficialista Vamos por más Patricia Glize presentó junto a sus compañeros de bancada un proyecto para que la Legislatura porteña exprese “u solidaridad hacia el pueblo ecuatoriano y su pesar con las víctimas y habitantes afectados por el ataque de organizaciones criminales, ocurrido el 9 de enero del corriente año”.
El texto parlamentario recuerda que Ecuador “sufrió una ola de violencia que tuvo como principal exponente el ingreso de un grupo de delincuentes del crimen organizado a un estudio de televisión, dónde secuestraron a los trabajadores de la señal televisiva TC. Mientras esto ocurría y mantenía en vilo al pueblo ecuatoriano, otros grupos realizaron secuestros en universidades y ataques en centros comerciales”.
Como resultado de esta dramática y repudiable situación, hubo al menos diez muertos, entre ellos dos agentes de la Policía Nacional, repasan en el oficialismo. En respuesta a esto, el presidente Daniel Noboa decretó el “Conflicto Armado Interno”.
En Vamos por más contextualizan lo ocurrido: “Esta historia de violencia y malestar que vive el país del norte de Sudamérica se remonta a febrero de 2021, cuando tuvo lugar una masacre en el interior de la prisión más violenta del país, la denominada Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Ese sangriento enfrentamiento dejó al menos 79 reclusos asesinados y fue el primero de una secuela de violentos choques entre reclusos de bandas rivales que ayer tuvo uno de los peores sucesos de violencia”.
“Ante estos lamentables acontecimientos que ponen en riesgo la convivencia democrática en nuestro país hermano, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano y gran pesar por las víctimas acaecidas. Nuestros Estados de Derecho deben redoblar esfuerzos para proteger a la ciudadanía ante el avance de este tipo de organizaciones criminales, poniendo en marcha con determinación y firmeza todas las herramientas legales que estén a su alcance”, finaliza el texto firmado por la legisladora Glize y sus compañeros de bloque.
Juan Castro