Se confirmaron las presidencias de varias Comisiones
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un verano agitado por la política nacional, pero también por los primeros pasos que da la gestión del jefe de Gobierno Jorge Macri. En medio de denuncias de miles de despidos (no renovación de contratos bajo la modalidad de Locación de Servicios y de Obra), la izquierda pidió abrir el recinto para tratar esta problemática, que lleva semanas con protestas en dependencias públicas.
Algunas de las áreas afectadas son: Dirección General de la Mujer; el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes; Instituto de la Vivienda; atención a personas en situación de calle; salud mental; adicciones; atención en barrios populares; tránsito, línea 108, Subsecretaría de Atención Inmediata, Ecoparque, programas educativos, entre otros.
Los tres legisladores del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry (PTS), Celeste Fierro (MST) y Gabriel Solano (Partido Obrero), presentaron un proyecto de Ley para garantizar “la continuidad laboral” de los afectados.
Es más, hicieron un llamado a sesiones extraordinarias para tratar este tema, por lo cual pidieron el acompañamiento del bloque Unión por la Ciudad, al entender que el oficialismo Vamos por Más y La Libertad Avanzan convalidan los despidos.
En concreto, el proyecto pide garantizar la continuidad laboral “de todos aquellos trabajadores y trabajadoras que bajo distintas modalidades de contratación se encuentran prestando servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio, cualquiera sea su relación contractual, incluidas las establecidas a través de organismos internacionales, sean permanentes, transitorios, de asistencia técnica, contratados bajo la modalidad de Locación de Servicios y de Obra (LOyS), becarios, monotributistas, figuras similares de acuerdo a normativas especiales vigentes en materia de empleo público; y que posean contratos cuyo vencimiento opere a partir del 31 de diciembre de 2023 y del 1 de enero del 2024”.
La delegación porteña de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-Capital) denunció que el GCBA intenta cesantear al 30% de la planta de trabajadores y trabajadoras contratados. Según algunas estimaciones, en los primeros días de enero, se tratarían de 3.000 casos, pero podrían llegar a 7.000.
Por eso, el jueves 4 de enero hubo en Barracas protestas frente a la sede del Consejo de los Derechos de niños, niñas y adolescentes y en el Ministerio de Espacio Público, áreas afectadas por las cesantías.
El último viernes de diciembre hubo una manifestación en el EcoParque de Palermo. El gremio SUTECBA denunció la no renovación en unos 50 contratos.
En paralelo, ATE-Capital cerró el año con esta denuncia: “Parece que los anuncios de megarecortes de Milei le marcan la línea a Macri. No hay problemas de déficit en la CABA, de hecho, Larreta anunció antes de irse la creación de un fondo “anti-cíclico” ¿dónde está esa plata? En las últimas horas (del jueves 28 de diciembre) nos venimos anoticiando de despidos injustificados de monotributistas con años de antigüedad, y que cumplen funciones como Agentes de Tránsito, operadores territoriales técnicos y sociales de los proyectos de reurbanización, trabajadores de programas Educativos, psicólogos de atención a personas en situación de calle y otres”.
“Mientras tanto, los funcionarios se aumentaron los ingresos en un 185%, si quisieran recortar ahí tienen. Pero recortan contratos bajísimos. No son contratos políticos, no son casta. Son laburantes y tienen derechos”, cerró ATE-Capital en diciembre.
El Frente de Izquierda fundamentó en su proyecto de Ley algo similar: “Lo cierto es que los funcionarios de la Ciudad aumentaron sus ingresos en más de un 150 % durante el 2023, lo que demuestra que el ajuste lo sufren los trabajadores quienes con su remuneración no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos”.
Ahora, los legisladores del FIT impulsan una Ley para “dejar sin efecto los despedidos que hayan tenido lugar durante los meses de diciembre y enero de 2023 y 2024 respectivamente, debiéndose proceder a la reincorporación inmediata del trabajador o trabajadora en su puesto y condición normal y habitual de trabajo”.
También piden “la prohibición por veinticuatro (24) meses de despedir sin justa causa a cualquier trabajador o trabajadora en relación de dependencia. Esta prohibición se aplicará sobre todas las trabajadoras y trabajadores cualquiera sea su relación contractual, sean permanentes, transitorios, contratados bajo la modalidad de Locación de Servicios y de Obra (LOyS), becarios o monotributistas, dependientes de ONGS o figuras similares de acuerdo a normativas especiales vigentes en materia de empleo público”.
Además, disponen “el pase a planta permanente de todo empleado o empleada que cumpla funciones en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, inclusive entes jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las comunas, sea cual fuese su relación contractual; que realicen de manera normal y habitual tareas y funciones correspondientes al personal de planta permanente con estabilidad”.
Juan Castro