Panorama legislativo: rechazo a los despidos, prevención del dengue y mejoras en Constitución
Se confirmaron las presidencias de varias Comisiones y la izquierda brega por declarar la emergencia habitacional.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un verano agitado por la política nacional, pero también por los primeros pasos que da la gestión del jefe de Gobierno Jorge Macri. En medio de denuncias de miles de despidos (no renovación de contratos bajo la modalidad de Locación de Servicios y de Obra), la izquierda pidió abrir el recinto para tratar esta problemática, que lleva semanas con protestas en dependencias públicas.
Algunas de las áreas afectadas son: Dirección General de la Mujer; el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes; Instituto de la Vivienda; atención a personas en situación de calle; salud mental; adicciones; atención en barrios populares; tránsito, línea 108, Subsecretaría de Atención Inmediata, Ecoparque, programas educativos, entre otros.
Los tres legisladores del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry (PTS), Celeste Fierro (MST) y Gabriel Solano (Partido Obrero), presentaron un proyecto de Ley para garantizar “la continuidad laboral” de los afectados.
Es más, hicieron un llamado a sesiones extraordinarias para tratar este tema, por lo cual pidieron el acompañamiento del bloque Unión por la Ciudad, al entender que el oficialismo Vamos por Más y La Libertad Avanzan convalidan los despidos.
En concreto, el proyecto pide garantizar la continuidad laboral “de todos aquellos trabajadores y trabajadoras que bajo distintas modalidades de contratación se encuentran prestando servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio, cualquiera sea su relación contractual, incluidas las establecidas a través de organismos internacionales, sean permanentes, transitorios, de asistencia técnica, contratados bajo la modalidad de Locación de Servicios y de Obra (LOyS), becarios, monotributistas, figuras similares de acuerdo a normativas especiales vigentes en materia de empleo público; y que posean contratos cuyo vencimiento opere a partir del 31 de diciembre de 2023 y del 1 de enero del 2024”.
La delegación porteña de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-Capital) denunció que el GCBA intenta cesantear al 30% de la planta de trabajadores y trabajadoras contratados. Según algunas estimaciones, en los primeros días de enero, se tratarían de 3.000 casos, pero podrían llegar a 7.000.
Por eso, el jueves 4 de enero hubo en Barracas protestas frente a la sede del Consejo de los Derechos de niños, niñas y adolescentes y en el Ministerio de Espacio Público, áreas afectadas por las cesantías.
El último viernes de diciembre hubo una manifestación en el EcoParque de Palermo. El gremio SUTECBA denunció la no renovación en unos 50 contratos.
En paralelo, ATE-Capital cerró el año con esta denuncia: “Parece que los anuncios de megarecortes de Milei le marcan la línea a Macri. No hay problemas de déficit en la CABA, de hecho, Larreta anunció antes de irse la creación de un fondo “anti-cíclico” ¿dónde está esa plata? En las últimas horas (del jueves 28 de diciembre) nos venimos anoticiando de despidos injustificados de monotributistas con años de antigüedad, y que cumplen funciones como Agentes de Tránsito, operadores territoriales técnicos y sociales de los proyectos de reurbanización, trabajadores de programas Educativos, psicólogos de atención a personas en situación de calle y otres”.
“Mientras tanto, los funcionarios se aumentaron los ingresos en un 185%, si quisieran recortar ahí tienen. Pero recortan contratos bajísimos. No son contratos políticos, no son casta. Son laburantes y tienen derechos”, cerró ATE-Capital en diciembre.
El Frente de Izquierda fundamentó en su proyecto de Ley algo similar: “Lo cierto es que los funcionarios de la Ciudad aumentaron sus ingresos en más de un 150 % durante el 2023, lo que demuestra que el ajuste lo sufren los trabajadores quienes con su remuneración no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos”.
Ahora, los legisladores del FIT impulsan una Ley para “dejar sin efecto los despedidos que hayan tenido lugar durante los meses de diciembre y enero de 2023 y 2024 respectivamente, debiéndose proceder a la reincorporación inmediata del trabajador o trabajadora en su puesto y condición normal y habitual de trabajo”.
También piden “la prohibición por veinticuatro (24) meses de despedir sin justa causa a cualquier trabajador o trabajadora en relación de dependencia. Esta prohibición se aplicará sobre todas las trabajadoras y trabajadores cualquiera sea su relación contractual, sean permanentes, transitorios, contratados bajo la modalidad de Locación de Servicios y de Obra (LOyS), becarios o monotributistas, dependientes de ONGS o figuras similares de acuerdo a normativas especiales vigentes en materia de empleo público”.
Además, disponen “el pase a planta permanente de todo empleado o empleada que cumpla funciones en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, inclusive entes jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las comunas, sea cual fuese su relación contractual; que realicen de manera normal y habitual tareas y funciones correspondientes al personal de planta permanente con estabilidad”.
Prevención contra el dengue
El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires confirmó en su último Boletín Epidemiológico Semanal los primeros cinco casos de dengue autóctonos sin antecedente de viaje de la temporada. Se registraron tres confirmados y dos probables. Los vecinos afectados residen en las Comunas 11 (Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita, Villa General Mitre) y 4 (La Boca, Barracas, Nueva Pompeya, Parque Patricios).
“Desde la semana epidemiológica 27, comenzada en junio del 2023 hasta la fecha se registraron 43 casos de dengue posibles/confirmados. Los casos corresponden a 14 de las 15 comunas de la Ciudad”, indican fuentes oficiales.
Luego de las intensas tormentas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se registró un aumento significativo de mosquitos en territorio porteño.
Al respecto, el Gobierno porteño reforzó los operativos de fumigación en espacios públicos. Además, precisó: “En los recientes relevamientos de mosquitos silvestres se ha detectado una alta abundancia de mosquitos adultos Aedes albifasciatus, especie que deposita sus huevos en cuerpos de agua y suelo húmedo. Esta especie no es portadora de la enfermedad del dengue”.
En este contexto, la legisladora porteña Claudia Neira (Unión por la Patria) presentó un proyecto para “combatir los mosquitos y prevenir el dengue y otras enfermedades”.
Por eso solicita: “Que se terminen de levantar los árboles caídos que aún no se removieron en algunas comunas y que juntan mosquitos. Que se fumigue en zonas de la Ciudad donde la presencia de mosquitos es crítica. Que se repartan repelentes y se hagan campañas de capacitación para prevenir el dengue (Hasta diciembre lo hacia el Estado Nacional). Que el Jefe de Gobierno Jorge Macri y el minsitro de Salud Fernán Quirós analicen la posibilidad de comprar vacunas de dengue para aplicar de forma gratuita (hoy solo es paga y sale 40.000 pesos cada dosis). En momentos donde se destruye el Estado Nacional, en la Ciudad tenemos que tener un Estado eficiente y que cuide a los porteños”.
Primeras Comisiones parlamentarias y el futuro del Banco Ciudad
La Legislatura porteña avanza en designar a los presidentes de las Comisiones parlamentarias, tras el recambio de diciembre, cuando se renovó la mitad del cuerpo legislativo.
Si bien estaba pensado para febrero, ya se confirmó que la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera Y Política Tributaria quedará a cargo de Paola Michielotto; la comisión de Asuntos Constitucionales seguirá presidida por Hernán Reyes (VxM); y que María Luisa González Estevarena seguirá al frente de la Junta De Ética, Acuerdos Y Organismos De Control.
El jefe de Gobierno Jorge Macri envió a la Legislatura porteña la nómina de candidatos para el directorio del Banco Ciudad.
Para oficializar su designación es clave la conformación temprana de las Comisiones parlamentarias de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y la Junta de Ética para que traten el expediente. Se espera que haya dictamen para que se aprueben a poco de iniciar el periodo ordinario el 1 de marzo.
Así, Jorge Macri propone que Guillermo Laje continúe al frente del directorio del Banco Ciudad, cargo que ocupa desde 2020. Además, los cuatro vocales propuestos son Delfina Rossi, Gastón Rossi, Pablo Videla y Ezequiel Sabor. Para síndica de la entidad fue postulada Paula Villalba, en un segundo mandato.
Luego, el jefe de Gobierno impulsó como Procurador General de la Ciudad al exministro y legislador Martín Ocampo.
Mejoras para Constitución
Los colectivos “Vecinos de Constitución” y “Constitución existe y resiste” presentaron un proyecto de Ley en forma particular por la “la revitalización urbana de un sector degradado del Barrio de Constitución, comprendido por la traza del Pasaje Santa Teresa entre Pte. Luis Sáenz Peña y San José y su entorno adyacente”.
“A pesar de las diversas instancias de movilización, diálogo y denuncia que hemos impulsado, señalando las complejas problemáticas que nos afectan, aún no hemos logrado sentirnos escuchados por las autoridades oficiales”, introdujeron en una nota dirigida a la vicepresidencia primera de la Legislatura.
Por eso, en cuanto a Espacio Público, piden “reconvertir el Pasaje Santa Teresa en un espacio peatonal, verde y público”.
“El objetivo de la Calle Verde es sumar espacio verde y drenante en el barrio, para mejorar la calidad ambiental y promover beneficios ambientales, optimizando la calidad de vida y la seguridad de sus habitantes. El diseño de la calle verde debe permitir: Incorporar un área verde de proximidad. Delimitar áreas de paseo, relajación y esparcimiento. Incorporar cierre perimetral y control horario. Incorporar mobiliarios inclusivos y seguros Incorporar mobiliarios iluminación y cámaras de seguridad. Ralentizar la caída de agua de lluvia con espacio absorbente. Reducir ruidos y contrarrestar la isla de calor”, señalan.
También exigen más “presencia del Estado”: “Reconvertir el suelo bajo autopista con usos activos que garanticen seguridad y presencia del estado”.
Agregan la necesidad de “incorporar usos que promuevan la seguridad y la participación ciudadana” como un “Centro de Monitoreo urbano que deberá estar articulado a un sistema de video-vigilancia para la prevención del delito en el barrio” y una “Subsede comunal de cercanía, con espacios culturales abiertos a la comunidad y sus colectivos vecinales”.
En este contexto, los vecinos indican que “cabe destacar que tramita por Expediente 1857-P-2023, un proyecto de Ley vecinal que declara la emergencia urbanística, ambiental, social y securitaria de nuestro barrio y que permanece sin prioridad en la agenda legislativa”.
En el proyecto se anexaron cartas de apoyo de distintas entidades locales como la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Junta de Estudios Históricos de Constitución, entre otras.
Por la Emergencia Habitacional en CABA
La legisladora porteña del Frente de Izquierda por el MST, Celeste Fierro, presentó un proyecto de Ley para declarar la Emergencia Habitacional en el territorio porteño por el término de dos años, prorrogables por igual plazo.
“Se entiende por “Emergencia habitacional” la situación en que la se encuentran las siguientes personas y/o grupos familiares: a. Inquilinos de viviendas cuyo valor del alquiler, trás renovación o actualización según lo estipulado por contrato, supere el 30% del ingreso de la persona o grupo familiar; b. Ocupantes de casas o edificios, utilizados con uso manifiesto de vivienda única y que no posean bienes inmuebles a su nombre y se vean afectados bajo orden de desalojo administrativo; c. Habitantes de NHT (Núcleos Habitacionales Transitorios), barrios populares y asentamientos; d. Personas y/o grupos familiares alojadas/os en hoteles o pensiones; e. Todas las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle según lo definido por el artículo 2° de la Ley 3706”, explica la representante.
Durante la vigencia de la “Emergencia Habitacional” se “suspenderán los desalojos forzosos, judiciales o administrativos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de todos aquellos inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, utilizados con uso manifiesto de vivienda, hasta tanto se dé intervención y se expida el Comité de Emergencia creado en el art.5° de la presente ley”, plantea y agrega: “Cuando los inmuebles en cuestión fueran propiedad del Estado Nacional y localizados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y utilizados con uso manifiesto de vivienda, el Poder Ejecutivo realizará las gestiones ante los entes nacionales que correspondiere a los efectos de suspender todas las actuaciones iniciadas o a iniciarse en materia de desalojo”.
También planteó la conformación de un comité de emergencia integrado por un representante de cada una de las asociaciones de inquilinos de la Ciudad, uno de cada Cuerpo de Delegados de los núcleos habitacionales, barrios populares y asentamientos, todos ellos mandatados por asamblea; un representante de cada Comuna elegido por el Consejo Consultivo Comunal, que deberá ser un vecino inquilino; el Presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires; un representante del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat; un representante de cada bloque de la Legislatura de la Ciudad; un representante de la Defensoría del Pueblo.
En la defensa del proyecto surgen varios datos para comprender el presente que se vive en CABA: “Con una Ciudad a precios de regalo para el turismo internacional, Buenos Aires se ha convertido en un destino de compras para los extranjeros y con ello se ha provocado la dolarización de los alquileres y que los propietarios elijan poner sus departamentos para alquileres turísticos temporarios en dólares y retirarlos del mercado de alquileres para viviendas permanentes”.
Así, alerta por el impacto negativo de los alquileres temporales: “Todo esto con el aval del Gobierno de la Ciudad que no ha controlado el desarrollo de la actividad de las plataformas online de alquileres (Ej: Airbnb). A pesar de haber votado una ley en 2019 en esta casa para la creación de un registro de alquiler turístico temporario, no se estableció ninguna regulación, por consiguiente no han tributado por semejante negocio”.
“A septiembre de 2023 existían 445 viviendas registradas sobre 26.200 que se estaban ofertando en la Ciudad sólo por la plataforma Airbnb. El 90% correspondía a departamentos enteros, y tan sólo el 10% corresponden a habitaciones. Frente a esta dolarización de hecho de los alquileres y ante la escasa oferta de los alquileres para vivienda permanente, los precios se fueron por las nubes y se tornaron impagables para la gran mayoría de los trabajadores porteños”, advirtió.
“Esto está demostrado incluso en datos oficiales, los precios de los alquileres en CABA subieron desde el 284,6% hasta el 308,7% en el último año. En diciembre, el salario mínimo que hoy se encuentra en $156.000 ya no alcanza para alquilar un monoambiente y solo cubriría el 62,4% del mismo. Esta política de elitización de Buenos Aires para que sea una Ciudad para unos pocos o para el turismo, no es nueva y en los últimos meses se ha profundizado gravemente. En CABA solo el 52% de sus habitantes es propietario y el 40% son inquilinos. Un cambio total desde el año 2.000 cuando el 75% era propietario y el 20% alquilaba”, indicó la defensa del proyecto.
“Si revisamos los datos de la Ciudad de Buenos Aires entre los dos últimos censos, allí vemos que aumentó el 8% la población y el 16% la cantidad de viviendas. De las 220.000 viviendas construidas en los últimos años, el Estado solo construyó el 10%. De ellas, 160.000 se construyeron en el norte y solo 60.000 en el sur. De las viviendas del sur, solo 3.000 se hicieron con permisos de construcción. O sea, tenemos más cantidad de construcciones y grandes negocios inmobiliarios en el norte y un crecimiento menor, de manera informal y precaria, en el sur. Esta es la muestra de los negocios en una zona y la miseria en la otra, realidad que se replica en todo nuestro país y ha provocado una grave crisis habitacional”, agrega el texto de la legisladora Fierro con varios datos sobre la problemática habitacional.
Juan Castro