La legislatura en una semana como mucha actividad politica
En la semana hubo actos oficiales y varias expresiones sobre la situación política nacional, muchas de sus medidas con impacto directo en CABA.
La nueva Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires continúa activa rumbo a fin de año, con nuevos proyectos presentados y atenta a las medidas del nuevo Gobierno nacional.
Esta semana los temas de debate en el Poder Legislativo porteño fueron la marcha a Plaza de Mayo y sus derivaciones políticas, también las consecuencias del temporal. No obstante, el tema de mayor relevancia, también en la opinión pública, fue la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei para desregular la economía y reformar el Estado.
Se trata de un texto con 366 artículos que deroga cientos de leyes nacionales, algunas vigentes hace casi un siglo, varias de las dictaduras y otras tantas sancionadas en periodos democráticos. Se introducen cambios al Código Civil y Comercial (2015), plantean cambios en las relaciones laborales, en el acceso a la salud, las comunicaciones, entre otros puntos.
Además, el propio Milei fue más allá y dijo que se podría interpretar como una “pre dolarización”, uno de los ejes de su campaña electoral y pensamiento económico.
Es porque este DNU habilitó los contratos en dólares. Por ejemplo, sustituye el artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la Ley N° 26.994 y establece que “los alquileres podrán establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera, al libre arbitrio de las partes. El locatario no podrá exigir que se le acepte el pago en una moneda diferente a la establecida en el contrato”.
Más allá de este aspecto, como el DNU no tiene fecha en su texto regirá al octavo día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA). En un plazo de 10 días debe ser enviado a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso (ocho diputados y ocho senadores), para luego enviarlo a ambas Cámaras (baja y alta).
El senador y presidente de la UCR Martín Lousteau adelantó un posible rechazo: “El presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos”.
Además, el bloque de diputados de Unión por la Patria manifestó: “Brutal avasallamiento de las facultades del Congreso. Avalar este DNU significa conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias, prohibidas en el art. 29 de la Constitución. Este DNU es de nulidad insanable. Las y los que lo aprueben serán infames traidores a la Patria”.
En la contraria, el expresidente Mauricio Macri alentó a que los todos los bloques apoyen el DNU en el Congreso: “Las medidas anunciadas por el presidente requieren respaldo total y una prolijidad fiscal de hierro”. “Aún así, a esta altura de nuestra historia, resulta increíble que haya dirigentes que nieguen o relativicen la crisis. Me siento obligado a pedirle a todos ellos que actúen con la responsabilidad y grandeza que requiere este momento. Es ahora”, agregó.
En tanto, el DNU fue cuestionado por constitucionalistas de distintas orientaciones políticas. Una de las voces que más se replicó fue la de Daniel Sabsay, quien, pese a haber votado por Milei, afirmó: “El presidente no puede dictar disposiciones de carácter legislativo, salvo cuando circunstancias excepcionales impidan el procedimiento normal de sanción de leyes, y excluye cuatro materias que nunca pueden ser objeto de DNU: la penal, la fiscal, partidos políticos y electoral. Ahora bien, la Corte Suprema ya tiene dicho cuáles son esas circunstancias excepcionales. O bien un fenómeno súbito de la naturaleza, como un terremoto o un tsunami, o bien una situación tan grave de la economía que requiere de una medida rápida de parte de un poder que está siempre reunido, que es el Ejecutivo, que es evitar a través de un mal menor, un mal mayor”.
Otra opinión con mucha repercusión fue la del abogado Andrés Gil Domínguez: “La división de poderes se basa en una fórmula muy sencilla: el Poder Legislativo sanciona leyes, el Poder Ejecutivo administra y el Poder Judicial resuelve casos. Todos bajo el imperio de la fuerza normativa de la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones legislativas bajo pena de nulidad absoluta e insanable porque viola la división de poderes tal como lo expresa el art. 99 de la Constitución. En otras palabras, si lo hace, la norma legislativa se considera inexistente”.
Por otra parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que el DNU “avanza sobre el Congreso y viola la división de poderes de forma antidemocrática”: “Con su entrada en vigencia, ningún derecho quedará sin ser atacado: ni el trabajo, ni el acceso a alimentos, ni el derecho a la salud, ni a tener una vivienda”.
“Las desigualdades sociales son producto también de políticas que privilegian sectores de la economía. Es un problema que se viene acumulando desde hace años y que encoge a las clases medias para incrementar la población que es pobre. Nuestro Estado tiene que compensar, achicar las desigualdades, no lo decimos nosotros, lo dice la Constitución. Este DNU agrava la situación de fragilidad e indefensión a las infancias, adolescencias, a las personas mayores, al universo de trabajadores y trabajadoras, a quienes padecen enfermedades, pone en crisis a las economías regionales. Perjudica aún más la vida desde el momento en que se va a volver una excepción poder mantener una prepaga, poder alquilar algo digno. La regla general para el trabajo va a ser la precarización para todo el mundo, y no levantar la vara de la protección laboral. Los precios de los alimentos y de los remedios van a ser inaccesibles para sectores cada vez más amplios”, agregaron.