Piquetes: aplausos, resistencia y hasta una objeción en el oficialismo
La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich anunció un protocolo de “orden público” que tendrá impacto directo en la Ciudad de Buenos Aires, eje de protestas sociales a gran escala.
Con el recuerdo latente sobre grandes conflictos sociales como el que hubo en 2017 durante la votación por la reforma de la fórmula jubilatoria –las toneladas de piedra que suele evocar el expresidente Mauricio Macri-, la gestión nacional dispuso que las cuatro fuerzas federales estarán presentes ante piquetes y bloqueos.
La Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) estarán presentes ante manifestaciones. Incluso se sumarán miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF), ya que pasó del Ministerio de Justicia al de Seguridad con el cambio de gestión.
“Toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas”, planteó Bullrich. Días antes de estas afirmaciones, el Movimiento Izquierda Juventud Dignidad de Raúl Castells realizó una protesta frente al exministerio de Trabajo de la Nación en Leandro N. Alem al 600 bajo esta modalidad, ante la custodia de efectivos de la Policía de la Ciudad.
“Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia”, alertó la ministra Bullrich.
Además, agregó que habrá consecuencias judiciales para quienes encabecen los piquetes: “Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores será remitidos a las autoridades competentes. Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina al ambiente y a la gente”.
“Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”, agregó.
En este punto, los ministerios de Seguridad de Nación y CABA articularán ante cada episodio. Por eso, tras el anuncio Bullrich se reunió con su par porteño, Waldo Wolff.
Estas medidas fueron avaladas por el jefe de Gobierno Jorge Macri: “En nuestra Ciudad todos merecen moverse y circular en libertad. Desde el Gobierno de la Ciudad celebramos las medidas anunciadas por la Ministra de Seguridad de la Nación, y trabajaremos en forma conjunta para que se cumplan. Vamos a garantizar el orden en el espacio público para que así sea”.
A nivel parlamentario, hubo distintas repercusiones. En el bloque La Libertad Avanza se celebró esta medida. Por ejemplo, el legislador Leo Saifert señaló: “Ilegal es impedir la libre circulación de los ciudadanos para que puedan ir a laburar”.
Lo dijo al replicar en redes el planteo de “inconstitucionalidad” de la diputada nacional por el Frente de Izquierda y abogada de derechos humanos Myriam Bregman.
Por su parte, Gabriel Solano, legislador porteño del Frente de Izquierda, fue parte de la conferencia de prensa de Unidad Piquetera que rechazó el protocolo y lo tildó de anticonstitucional.
“Las medidas del Gobierno son un plan de guerra contra el pueblo”, indicó junto a Eduardo Belliboni (Polo Obrero) y Vanina Biasi (Partido Obrero).
Los representantes ratificaron que el 20 de diciembre habrá una marcha con “50.000 personas” en la CABA en recuerdo del estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, también será una forma de desafiar lo planteado por Bullrich.
“Al plan motosierra de Milei lo enfrentamos en la calle. El derecho a la protesta no se negocia”, indicó Solano tras reunirse con más de 100 organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y centros de estudiantes “para preparar la gran movilización del 20 de diciembre”.
Por su parte, el legislador del oficialismo Vamos por Más Facundo del Gaiso hizo planteos públicos al Gobierno nacional: “El vocero (presidencial Manuel) Adorni tiene que saber antes de hablar “livianamente “sobre cumplir la Ley en CABA que ante una manifestación de 50000 personas, la única forma q no se corte la 9 de julio es impidiendo el paso en el puente Pueyrredón ( terreno federal ) por el Gobierno Nacional”.
También analizó los alcances de la medida: “El 20/12/22 día laboral, se hizo la manifestación popular con corte de arterias, avenidas y autopistas más grande de la historia Argentina. Más de 5 millones de personas festejaron el campeonato del mundo. El 20/12/01 a la madrugada cientos de miles de argentinos se manifestaron en las calles contra el plan económico de Cavallo y el corralito. Este 20/12/23 sería la primera movilización contra el gobierno de Milei. Es necesario reflexionar sobre este accionar y el plan antipiquetes”.
“El récord de piquetes en todo el país fue en el año 2022 con 9778 cortes, siguiendo el 2014 con 6805. Es importante destacar de cara a la manifestación de este 20/12 varias cosas para evitar errores del pasado y contener las expectativas”, añadió.
“Si como dicen, la manifestación es de 50,000 personas y dejan que marche por el Puente Pueyrredón (territorio federal) camino a la 9 de julio (territorio de CABA), el corte de la 9 de julio es inevitable. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si la manifestación es de 500 personas que llegan en tren a Constitución corresponde a la policía de la ciudad impedir el corte. Hay que ser claros por las expectativas y evitar “sonar tambores de guerra” para evitar confrontación como muchos sectores van a querer que ocurra”, analizó.
“Por último, si la inflación entre diciembre /marzo supera el 100%, los salarios no acompañan y hay una fuerte baja del poder adquisitivo, el corte de calles va a ser un problema secundario. Todos los dirigentes políticos en esta hora tan difícil tienen que llamar a la Paz Social”, concluyó.
Juan Castro