Panorama legislativo: el eco de la política nacional en la nueva Legislatura
Terminado el periodo ordinario de sesiones, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires los representantes porteños siguen atentos los primeros pasos del Gobierno libertario de Javier Milei.
Más allá del discurso inaugural en la explanada del Congreso de la Nación pronunciado este domingo, el primer gran paso de la gestión fue el martes de esta semana cuando el ministro de Economía Luis Caputo delineó varias de las políticas de ajuste, entre ellas un dólar oficial a $800, baja de subsidios y más impuestos. “Vamos a estar peor durante unos meses”, sintetizó el funcionario, quien auguró un mediano plazo más favorable para el país.
La otra parte de los anuncios nacionales estuvo ligada a la seguridad. La ministra del área, Patricia Bullrich, presentó un plan antipiquetes, el cual tendrá como escenario casi excluyente a la Ciudad de Buenos Aires, ya que las últimas manifestaciones multitudinarias de movimientos sociales se desarrollaron en suelo porteño.
Sobre ambos frentes hubo réplicas de representantes locales.
No esperar el hambre en la clase media
En primer lugar, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri respaldó las medidas económicas de la administración libertaria, más allá de su impacto en la sociedad.
“La gente es muy consciente que como íbamos, no íbamos a ningún lado. Más allá de algún momentito de bienestar, esa gente siempre viene perdiendo”, analizó.
“Hay que ver cuánto aguanta la gente, esa es la tensión que tenemos siempre los que gobernamos”. No obstante, considera que “hay un momento en que la gente se enoja, pero después las cosas empiezan a funcionar y dicen ‘mirá, valía la pena’”.
Desde su rol al frente del GCBA aseguró: “Vamos a tratar de asistir donde haya hambre, todo lo que podamos. Vamos a estar muy atentos al tema del hambre en la clase media. Ya nos pasó en pandemia, mucha gente de clase media que no está acostumbrada a pedir y necesitar comida, encontramos los mecanismos de llegarles con ese alimento sin exponerlos a que tengan que ir a pedir a algún lugar porque no están acostumbrados, no les es natural, pero es probable que esta crisis nos obligue a encontrar mecanismos para tender la mano”.
“Vamos a tener que estar cerca, garantizando la asistencia a los electrodependientes, garantizando el agua donde haga falta, para que todo aquel que esté sufriendo sea atendido por el Gobierno de la Ciudad”, sumó.
En este sentido, la legisladora porteña Claudia Niera (Unión por la Patria) desde sus redes sociales interpeló al jefe de Gobierno: “Le pedimos al jefe de Gobierno Jorge Macri no esperar a que llegue el “hambre de la clase media” para “acompañar”.
“Los jubilados, principales perjudicados con el paquete de Caputo hasta ahora, son una población muy importante en la Ciudad. Al igual que la construcción, el comercio y la industria, que representan el 30% de lo que producimos”, agregó.
“El paquete de (Luis) Caputo es profundamente recesivo, no contempla compensaciones a los ingresos de trabajadores formales e informales y eso va a repercutir de forma muy negativa en el comercio y la industria. Sumado a la inestabilidad del dólar, la construcción también se paralizará. Los créditos subsidiados nacionales pareciera que también van a dejar de estar disponibles. Con los precios del combustible de hoy, el boleto de colectivo sin subsidio podría superar los $500. Lo mismo con las tarifas de agua, luz y gas que pagamos los porteños”, planteó.
“Todos estos temas deben ser abordados de forma urgente por el gobierno de Jorge Macri. Esperamos ser convocados como oposición para trabajar en soluciones que van a ser muy necesarias en los difíciles próximos meses”, concluyó.
Piquetes: aplausos, resistencia y hasta una objeción en el oficialismo
La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich anunció un protocolo de “orden público” que tendrá impacto directo en la Ciudad de Buenos Aires, eje de protestas sociales a gran escala.
Con el recuerdo latente sobre grandes conflictos sociales como el que hubo en 2017 durante la votación por la reforma de la fórmula jubilatoria –las toneladas de piedra que suele evocar el expresidente Mauricio Macri-, la gestión nacional dispuso que las cuatro fuerzas federales estarán presentes ante piquetes y bloqueos.
La Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) estarán presentes ante manifestaciones. Incluso se sumarán miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF), ya que pasó del Ministerio de Justicia al de Seguridad con el cambio de gestión.
“Toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas”, planteó Bullrich. Días antes de estas afirmaciones, el Movimiento Izquierda Juventud Dignidad de Raúl Castells realizó una protesta frente al exministerio de Trabajo de la Nación en Leandro N. Alem al 600 bajo esta modalidad, ante la custodia de efectivos de la Policía de la Ciudad.
“Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia”, alertó la ministra Bullrich.
Además, agregó que habrá consecuencias judiciales para quienes encabecen los piquetes: “Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores será remitidos a las autoridades competentes. Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina al ambiente y a la gente”.
“Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”, agregó.
En este punto, los ministerios de Seguridad de Nación y CABA articularán ante cada episodio. Por eso, tras el anuncio Bullrich se reunió con su par porteño, Waldo Wolff.
Estas medidas fueron avaladas por el jefe de Gobierno Jorge Macri: “En nuestra Ciudad todos merecen moverse y circular en libertad. Desde el Gobierno de la Ciudad celebramos las medidas anunciadas por la Ministra de Seguridad de la Nación, y trabajaremos en forma conjunta para que se cumplan. Vamos a garantizar el orden en el espacio público para que así sea”.
A nivel parlamentario, hubo distintas repercusiones. En el bloque La Libertad Avanza se celebró esta medida. Por ejemplo, el legislador Leo Saifert señaló: “Ilegal es impedir la libre circulación de los ciudadanos para que puedan ir a laburar”.
Lo dijo al replicar en redes el planteo de “inconstitucionalidad” de la diputada nacional por el Frente de Izquierda y abogada de derechos humanos Myriam Bregman.
Por su parte, Gabriel Solano, legislador porteño del Frente de Izquierda, fue parte de la conferencia de prensa de Unidad Piquetera que rechazó el protocolo y lo tildó de anticonstitucional.
“Las medidas del Gobierno son un plan de guerra contra el pueblo”, indicó junto a Eduardo Belliboni (Polo Obrero) y Vanina Biasi (Partido Obrero).
Los representantes ratificaron que el 20 de diciembre habrá una marcha con “50.000 personas” en la CABA en recuerdo del estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, también será una forma de desafiar lo planteado por Bullrich.
“Al plan motosierra de Milei lo enfrentamos en la calle. El derecho a la protesta no se negocia”, indicó Solano tras reunirse con más de 100 organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y centros de estudiantes “para preparar la gran movilización del 20 de diciembre”.
Por su parte, el legislador del oficialismo Vamos por Más Facundo del Gaiso hizo planteos públicos al Gobierno nacional: “El vocero (presidencial Manuel) Adorni tiene que saber antes de hablar “livianamente “sobre cumplir la Ley en CABA que ante una manifestación de 50000 personas, la única forma q no se corte la 9 de julio es impidiendo el paso en el puente Pueyrredón ( terreno federal ) por el Gobierno Nacional”.
También analizó los alcances de la medida: “El 20/12/22 día laboral, se hizo la manifestación popular con corte de arterias, avenidas y autopistas más grande de la historia Argentina. Más de 5 millones de personas festejaron el campeonato del mundo. El 20/12/01 a la madrugada cientos de miles de argentinos se manifestaron en las calles contra el plan económico de Cavallo y el corralito. Este 20/12/23 sería la primera movilización contra el gobierno de Milei. Es necesario reflexionar sobre este accionar y el plan antipiquetes”.
“El récord de piquetes en todo el país fue en el año 2022 con 9778 cortes, siguiendo el 2014 con 6805. Es importante destacar de cara a la manifestación de este 20/12 varias cosas para evitar errores del pasado y contener las expectativas”, añadió.
“Si como dicen, la manifestación es de 50,000 personas y dejan que marche por el Puente Pueyrredón (territorio federal) camino a la 9 de julio (territorio de CABA), el corte de la 9 de julio es inevitable. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si la manifestación es de 500 personas que llegan en tren a Constitución corresponde a la policía de la ciudad impedir el corte. Hay que ser claros por las expectativas y evitar “sonar tambores de guerra” para evitar confrontación como muchos sectores van a querer que ocurra”, analizó.
“Por último, si la inflación entre diciembre /marzo supera el 100%, los salarios no acompañan y hay una fuerte baja del poder adquisitivo, el corte de calles va a ser un problema secundario. Todos los dirigentes políticos en esta hora tan difícil tienen que llamar a la Paz Social”, concluyó.
Republicanos Unidos: piden anular convecinos con ciudades rusas
El legislador porteño de Republicanos Unidos Yamil Santoro, que reemplazó al flamante ministro de Desarrollo Económico Roberto García Moritán, presentó un proyecto para derogar “la Ley N° 3517 -Convenio Marco de Cooperación suscripto con el Gobierno de la Ciudad de San Petersburgo de la Federación de Rusia- y la Ordenanza N° 44536 -Hermanamiento Moscú”.
La defensa de esta propuesta inicia: “En atención a los acontecimientos internacionales recientes, no podemos permanecer indiferentes ante la invasión rusa en Ucrania que comenzó en febrero de 2022, violando las fronteras reconocidas por ambos países desde la disolución de la URSS. La defensa de los principios democráticos y la soberanía de las naciones es una responsabilidad compartida por la comunidad internacional. La invasión rusa en Ucrania ha generado una situación de grave preocupación, con impactos significativos en la región y en el respeto a la libertad y la autodeterminación de los pueblos”.
“Ante esta realidad, reconocemos la importancia de expresar solidaridad con el pueblo ucraniano en estos momentos difíciles. Es fundamental destacar el rechazo firme a la invasión rusa y la urgencia de buscar una solución pacífica con el respeto estricto del derecho internacional y la sanción de los crímenes contra la humanidad. La comunidad global debe trabajar de manera conjunta para promover la paz y estabilidad en la región, al tiempo que se respalda activamente los esfuerzos diplomáticos por el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos, de prevención del delito de genocidio y de respeto a las fronteras establecidas en Europa”, agregó.
“En línea con nuestros compromisos democráticos y la promoción de los derechos humanos, nos oponemos a mantenernos en silencio frente a la violación de la soberanía ucraniana y de los crímenes masivos cometidos por la fuerza invasora, como la ejecución sistemática de civiles en Bucha, y el traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia, para ser adoptados por otras familias para borrarles su identidad familiar y nacional”, planteó.
“Por el contrario, abogamos por expresar de manera clara nuestro repudio a las acciones agresivas y por mostrar nuestro apoyo al pueblo de Ucrania. En este contexto, proponemos la derogación de la Ley N° 3517 y la Ordenanza N° 44536 como un gesto concreto de apoyo a Ucrania y en rechazo a las acciones desestabilizadoras del gobierno ruso. La defensa de la democracia y los valores fundamentales es un imperativo que debe guiar nuestras acciones en el ámbito internacional. Estas normas tenían el objeto de estrechar lazos con las ciudades de Moscú y San Petersburgo, en un contexto de paz y amistad. Pero en la actualidad, no podemos hacer caso omiso de las injusticias que se están llevando a cabo y hasta tanto no haya una resolución pacífica y Rusia se retire del territorio ucraniano nos corresponde la obligación de suspender dichos lazos”, concluye el texto de Santoro.
La Coalición Cívica impulsa la Ley de Convivencia Deportiva en el Espacio Público
Los tres legisladores porteños de la Coalición Cívica que integran el bloque oficialista Vamos por más presentaron un proyecto de Ley sobre la Convivencia Deportiva en el Espacio Público.
Con la firma de Hernán Reyes, Facundo del Gaiso y Cecilia Ferrero, el texto propone “la promoción de la actividad deportiva en el espacio público y la convivencia de dicho uso con las otras actividades de esparcimiento y recreación que tienen lugar en dichos espacios, para disfrute de toda la ciudadanía”.
Plantean que exista una autoridad de aplicación que establezca “un reglamento de convivencia en el espacio verde público para el desarrollo de las actividades deportivas”. Para ello tendrá a consideración: “a) La diversidad de usos de esparcimiento y recreación de los espacios; b) El cuidado de los decibeles de sonido para el disfrute común de los espacios; c) La protección del patrimonio público y los gastos de mantenimiento de los espacios; d) Garantizar el desplazamiento libre dentro del espacio; e) La razonable rotación de los grupos y fijación de horarios; f) La limitación en la colocación de elementos distintivos o publicitarios de marcas y negocios no debidamente autorizados”.
Los representantes contextualizan este pedido: “A la salida de la pandemia, el incremento de grupos de gym, de runners, de crossfit, o de clases de baile en plazas y parques de la Ciudad de Buenos Aires, convirtieron a estos espacios verdes en gimnasios a cielo abierto. Un informe de 2021 producido por la Cámara de Gimnasios de la Argentina (CGA) indicaba que los gimnasios habían perdido más del 50% de su clientela. Y aunque la mayor baja se produjo durante los 10 meses que estuvieron cerrados por la cuarentena, según Fernando Storchi, titular de la Cámara Argentina de Gimnasios, el número actual de abonados hoy ronda el 75% de la proporción pre-pandemia”.
“Estos datos nos obligan a repensar el uso del espacio público y buscar la manera de mediar para que más cantidad de personas disfruten de la vida al aire libre realizando actividades de manera ordenada y eficiente”, indica el texto firmado por los legisladores de la Coalición Cívica.
“Resulta menester establecer algún tipo de regulación que permita que estas actividades continúen desarrollándose sin perjudicar los otros usos de esparcimiento que tienen lugar en las plazas y parques. Es por ello que el presente proyecto de ley tiene por objetivo fortalecer la convivencia ciudadana en el uso deportivo del espacio público. Queremos establecer reglamentos adecuados a las necesidades específicas de cada espacio verde público para que las actividades deportivas que en estos se realice, no supongan un detrimento en el patrimonio público y/o afecte la normal tolerancia de los vecinos”, aseguraron.
“La convivencia requiere de espacios tanto virtuales como físicos. Planificados y no planificados. Así las cosas, nos debemos un aumento del espacio para el ejercicio democrático. La Argentina necesita de un contexto de vínculos a través del café y el deporte. Ampliar el espacio público es mejorar la calidad e intensidad de nuestra democracia. Este objetivo es prioritario para nuestro futuro y para cualquier político que quiera poner a las personas en el centro”, concluyeron los legisladores.
Piden una Ley por la actividad textil en Flores Norte
Integrantes del colectivo vecinal Recuperando Flores Norte presentaron un proyecto de Ley en forma particular para declarar la emergencia urbanística, ambiental, social y de seguridad en la zona de las Comunas 7 y 10, que, según su parecer, se ha convertido “en un polo textil de escala metropolitana”.
Se trata de la zona de influencia de la avenida Avellaneda, en la cual hay más de 5.000 negocios textiles, junto a más de 150 galerías. Es un punto clave de la venta textil en la Ciudad, junto a Once, en Balvanera.
“A pesar de las diversas instancias de movilización, diálogo y denuncia que hemos impulsado a lo largo del tiempo, aun no hemos logrado sentirnos escuchados por autoridades oficiales”, plantearon los vecinos.
Para ello, señalan que el polígono donde hay conflicto está limitado por Boyacá, Gaona, Segurola y Rivadavia.
Lo dividieron en dos partes para poder entender la situación. El sector A está limitado por Nazca, Gaona, Segurola y Rivadavia. Hoy concentra “la gran actividad textil, con altísimos niveles de saturación de actividades textiles, que generan múltiples impactos negativos y ponen en riesgo el carácter del APH-53 (Área de Protección Histórica)”.
Luego, hablan del sector B, limitado por Gaona, Boyacá, Nazca y las vías del tren Sarmiento: “Se observa un incipiente proceso de expansión de actividades textiles complementarias al sector A, en detrimento del área residencial histórica”.
Señalan que la actividad textil sin control, entre otros problemas, genera: “Reconversión del uso del suelo residencial (en negocios, talleres, depósitos), expulsión de población, destrucción del patrimonio y la identidad barrial, colapso de las infraestructuras, colapso de la higiene urbana, precariedad laboral, inseguridad social, mala calidad de vida”.
“La presente propuesta no pretende penalizar o estigmatizar un uso o actividad económica tan importante para la ciudad y mucho menos a los ciudadanos y ciudadanas que las desarrollan legalmente, pero sí señalar la imperiosa necesidad de abordar una planificación urbana que permita regular la saturación de los usos del suelo y orientar la relocalización progresiva de las actividades hacia un ámbito acorde a sus necesidades e impactos”.
Por eso, proponen, entre otros puntos: “Reconocer la emergencia urbanística, ambiental social y de seguridad en el polígono; conformar un Área de Desarrollo Prioritario anclada en dos objetivos estratégicos: la renovación urbana del sector A la preservación de la identidad del Sector B. Crear un Área de gestión específica en la estructura de gobierno y una Mesa de trabajo y consenso vecinal que garanticen el desarrollo con participación ciudadana. Formular un diagnóstico integral y un plan de sector, con anclaje en proyectos de investigación académicos. Establecer lineamientos de la comunidad como antecedentes vinculantes del plan del sector, ajustar la normativa actual del Sector B para frenar la expansión de la actividad textil, conservar la identidad y recuperar la calidad de vida”.
“Son aspectos que “no pretenden poner freno al desarrollo de la ciudad y su economía, al contrario, pretende orientar un crecimiento equilibrado y sostenible de los barrios, densificando y mixturando usos en los corredores de mayor capacidad ambiental y consolidar y preservar grandes áreas residenciales que a manera de macromanzanas, deben garantizar la calidad de vida para vivir en la ciudad”, concluyen los vecinos.
Juan Castro