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Muerte en el Obelisco, en la Legislatura buscan interpelar a Burzaco por la muerte de Molares

El jueves 10 de agosto por la tarde, durante la desconcentración de una protesta en la Plaza de la República (frente al Obelisco) se desarrollaron incidentes y represión policial que derivó en la muerte del militante de izquierda Facundo Molares, de 47 años.

La versión oficial fue que el hombre se descompensó cuando era detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad y que falleció luego de ser trasladado al Hospital Ramos Mejía, a unas 30 cuadras del lugar de los hechos.

No obstante, varios testigos aseguraron a que a Facundo lo golpearon mientras intentaban arrestarlo. Y hay filmaciones y fotos que lo muestran agresivas sumisiones policiales, en el caso de Molares con una rodilla sobre la cabeza estando el detenido boca abajo con toda su ropa levantada y su piel directamente contra las baldosas. Por eso sostienen que, más allá de su condición clínica previa, la forma en que se desplegaron las fuerzas policiales fue clave en el trágico desenlace.

Por su lado la autopsia al cuerpo no registró lesiones violentas que hayan contribuido al deceso, pero sí una “hemorragia pulmonar”, fruto de no poder respirar debidamente.

Al día siguiente, el viernes al mediodía, hubo una nueva manifestación de repudio, la cual volvió a terminar con incidentes, ya que un grupo de encapuchados arrojó piedras contra los uniformados porteños e intentó incendiar el centro de monitoreo urbano de Diagonal Norte y Corrientes, cruzando la avenida 9 de Julio. Los mismos manifestantes los expulsaron.

Esta situación de violencia al filo de las PASO tuvo su página legislativa, ya que diversos legisladores porteños opinaron y dieron su versión de los hechos.

Por su parte, el bloque Frente de Todos (Unión por la Patria) emitió un texto conjunto donde expuso que “resulta inaceptable que una asamblea pacífica haya terminado con tal brutal represión que se cobró una vida”.

Luego, la legisladora porteña Alejandrina Barry (Frente de Izquierda) remarcó: “Fue horrible ver las imágenes de cómo lo asesinaban. Que no vengan ahora a decir que fue un problema cardíaco como hicieron con Santiago Maldonado. A Facundo lo asesinaron”.

Es más, esta representante pidió interpelar en la Legislatura porteña al ministro de Justicia y Seguridad, Eugenio Burzaco.

“Los videos son claros, la policía de la Ciudad mató a Facundo Molares mientras se movilizaba”, indicó. “Debe decirnos quienes fueron los asesinos, quien dirigió el operativo y cuál fue su papel como jefe máximo de la policía de la Ciudad”.

También solicitó que sea interpelado el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta: “Debe explicar porque salió a defender el accionar policial sin siquiera esperar una investigación”.

“Un encubrimiento igual que en el caso de Lucas González. Justicia por Facundo Molares y desprocesamiento a los seis detenidos. Es muy grave para dejar pasar este asesinato similar al del afroamericano George Floyd”, fundamentó.

De modo similar, su compañero de bloque Gabriel Solano pidió interpelar a Burzaco: “Como presidente de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura acabo de presentar un pedido de interpelación al ministro por el asesinato de Facundo Molares y solicité que se presente a la Comisión todo el material fílmico en manos de la policía”.

No obstante, para que estos pedidos se oficialicen deben tener el visto bueno de la mayoría de los legisladores. El oficialismo cuenta con quórum propio, así que nunca son tratados ni apoyados.

Más allá de esos pedidos de interpelación y las declaraciones de repudio, hubo parlamentarios porteños que defendieron el accionar de la policía y rechazaron las acusaciones al GCBA.

 Así lo dijo la legisladora del oficialismo Vamos Juntos y cercana a la precandidata a presidenta Patricia Bullrich, Carolina Estebarena: “Lo que puede la desesperación de saber que el kirchnerismo tiene fecha de caducidad! Anticipan su derrota… perderán el poder, sus beneficios y privilegios. Por eso los k (y aliados) mienten e intentan plantar muertos. Bajeza total, cinismo o quizás tan sólo manotazo de ahogado”.

De modo similar opinó Gimena Villafruela, integrante de la bancada oficialista: “Los argentinos necesitamos poder vivir tranquilos y sin miedo. En un país en donde, al igual que en la Ciudad, la violencia sea el límite”.

 

También para Quirós

Esta semana se presentó otro pedido de interpelación en la Legislatura. La representante del FIT Vanesa Gagliardi pidió citar al ministro de Salud Fernán Quirós “a fin de dar respuestas respecto de los hechos de robo y violencia sufridos por dos enfermeras del Hospital Borda”.

“Motivan el presente proyecto los últimos hechos de inseguridad ocurridos el pasado 14 de julio, en donde personas ajenas al Hospital Borda que ingresaron sin ser controlados por el personal de seguridad privada, llegaron a las instalaciones del Pabellón Siglo XXI, redujeron al personal de Enfermería, las golpearon y amenazaron con armas blancas, les robaron todas sus pertenencias -incluso dejándolas en ropa interior- y las encerraron atadas a unas sillas”, indica la defensa del proyecto.

“El Hospital Borda se encuentra emplazado en un gran predio de aproximadamente 15 hectáreas y desde hace muchos años sus instalaciones no cuentan con su debido mantenimiento ni cuidado. La falta de iluminación convierte a varios sectores en verdaderas bocas de lobo en horario nocturno y la falta de vigilancia hace al predio muy permeable para todo aquel que quiera meterse”, se razona.

“Lo ocurrido en el Borda no es un hecho aislado y cuestiones similares suceden en otros hospitales o CeSACs de la Ciudad. Por mencionar alguno, podemos comentar el caso del CeSAC 25 que se encuentra en una de las zonas más peligrosas del Barrio 31. Allí sus trabajadores, además de ser muy pocos y estar sobrecargados de tareas, han sufrido robos en las inmediaciones cuando deben ir lejos a comprar algo para comer o tomar ya que no reciben la colación correspondiente. Toda esta situación no sólo es insalubre, sino que además afecta a la calidad de la atención a la vez que vuelve más vulnerables a los trabajadores que terminan incluso sufriendo hechos delictivos y violentos”, concluye el reclamo.

Juan Castro