La política pública frente a la Inteligencia Artificial
Por Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
¿Oportunidad o amenaza? Ambas. La inteligencia artificial (IA) pasó a un nuevo nivel: simplificó la interacción con sistemas de inferencias que pueden accionarse sin más herramientas que el lenguaje coloquial. Ya no se necesita ser un experto para usar el poder informático y la inconmensurable cantidad de datos que desde hace décadas acumula internet.
A este nuevo estadio se lo denomina IA generativa y está transformando el trabajo, la salud, la educación y cómo nos informamos y tomamos decisiones cotidianas y políticas. Al igual que todo cambio de gran escala generará ganadores y perdedores.
Como en otras circunstancias, las políticas públicas explicarán, al final del camino, si estas transformaciones dejan un saldo positivo o negativo. El rol del Estado será clave para construir un marco institucional para mitigar riesgos y potenciar los aspectos constructivos del cambio. Las nuevas políticas públicas tienen que combinar varias dimensiones: en primer lugar, considerar la conveniencia de un marco regulatorio análogo al de los medicamentos, alimentos y temas ambientales. También deben fortalecer las capacidades institucionales y productivas para evitar que sea el proceso tecnológico quien fije ritmos y prioridades. La promoción de la ciencia y la educación será clave para cumplir con estas misiones. Existe también un rol redistributivo para que la mayor productividad permita incrementar el bienestar general y evitar la acumulación de beneficios en pocas manos.
Sin este rol del Estado, seguramente el resultado será menos favorable y se profundizarán tendencias en marcha: algunos trabajarán apoyados en la IA y otros quedarán subordinados a los mandatos de los algoritmos. Por eso la educación seguirá siendo la clave que definirá la pertenencia al grupo de trabajadores calificados. Otras revoluciones tecnológicas ya transformaron a la industria y a la agricultura: se redujeron costos, se incrementó la calidad y sus productos llegaron a más consumidores. Es una oportunidad para que se expandan servicios con atención más personalizada, una economía de los cuidados que se necesita para subir un escalón en términos de bienestar colectivo. En la educación y la salud la IA puede ser un aliado para garantizar un estándar, un escenario donde se beneficiarán quienes tienen más dificultades de acceso a prestaciones de excelencia.
¿Cómo puede la Argentina enfrentar estos cambios? Tenemos que aprovechar las capacidades forjadas en el pasado: contamos con un sistema de ciencia, tecnología con gran potencial y capacidades para afirmarse en campos como la energía nuclear, la industria satelital o la biotecnología. Contar con una industria competitiva como tiene la Argentina en software y servicios basados en el conocimiento tiene que convertirse en una valiosa ventaja frente a los desafíos. Esta trama de empresas, nuevos empleos y nodos federales es la 3° fuente de generación de divisas, totalizando en 2022 más de 7 mil millones de dólares. Es el resultado de la iniciativa privada y del acierto público en sus leyes de promoción y oferta de bienes públicos. En este contexto, la Argentina se convirtió en la principal cuna de unicornios de América Latina.
La apuesta tecnológica no tiene que ser una apuesta por las más nuevas sino por las más convenientes. Para eso debemos insistir en la creación de una empresa pública de software que le brinde al Estado el conocimiento para descifrar los nuevos escenarios y atender aquello que el mercado dejará de lado. Y ayudar a que el propio Estado se transforme sobre la base de estas nuevas herramientas para cumplir mejor con sus obligaciones.
Los primeros pasos están en marcha. Desde la Agencia I+D+i junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Economía del Conocimiento diseñamos acciones que incluyen el puntapié de un centro especializado en nuevas regulaciones, la constitución de redes académicas, el fortalecimiento de las cátedras de informática de las universidades y el financiamiento para aplicaciones destinadas a pymes desarrolladas por la industria local para facilitar los procesos de gestión y conocimiento de las actividades de exportación. Es decir, recrear las redes de extensionismo tecnológico, pero en clave 4.0. Un programa de 8.500 millones de pesos, que contará con el apoyo del BID. Acciones diseñadas considerando la declaración de Montevideo, a fin de asegurar un desarrollo tecnológico basado en el respeto a los derechos humanos, garantizando la transparencia de los algoritmos y el cuidado de los datos.
Enfrentar estos desafíos, mitigar los riesgos y ampliar los beneficios es una tarea colectiva. Se trata de un cambio de sistema social antes que solo tecnológico. Una política pública inteligente y eficaz puede hacer la diferencia y asegurar una adopción justa y ética de estas tecnologías.
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