Embargo a Acuña por falta de información sobre vacantes escolares
La Justicia porteña dispuso un embargo a la ministra de Educación Soledad Acuña ante la falta de información sobre las vacantes escolares en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.
Todo inició en 2018 con un pedido de acceso a la información pública hecho por un abogado del colectivo Vacantes para Todxs en Escuelas Públicas. Ante la negativa del GCBA, la situación se judicializó y hubo sentencias favorables para quienes impulsaron la denuncia.
Piden que el dinero obtenido de la sentencia se destine a la cooperadora del colegio Mariano Acosta de Balvanera (Comuna 3).
Al respecto, en el colectivo emitieron este comunicado: “Dada la repercusión que tuvo la noticia de un embargo sobre las cuentas de la Ministra de Educación, parece prudente realizar algunas aclaraciones al respecto. Porque si bien la noticia es la multa que se le impuso a la funcionaria, lo realmente importante es por qué y cómo se impuso dicha sanción”.
“La ciudad nos garantiza que todos podemos pedir información pública, a efectos de evaluar la gestión de los funcionarios.
Es un trámite sencillo que debería ser respondido en 15 días. Es conocido que desde Vacante para Todxs, hace seis años que ayudamos a las familias que exigen su derecho a acceder a una escuela pública”, sumaron.
“A fines de 2018, pedimos información sobre la cantidad de niños/as que pedían ingresar a una escuela, cuántas vacantes había disponibles en la misma, y en virtud de qué privilegio quedaba alguien adentro y otro afuera de la escuela pública.
El expediente es el 1146/2019, pero ello es anecdótico. Es uno de muchos que, cuando sean cumplidos, nos dará una foto de estado del sistema de educación inicial”, detallaron.
“Porque si no sabemos cuántas escuelas se necesitan, dónde se necesita una escuela, y cual es el daño ocasionado por la expulsión sistemática de quienes aspiran a ingresar, no podemos exigir medidas concretas al Ministerio de Educación. De 2012 a 2017, se crearon 100 vacantes en sala de Lactarios. De 2017 a la fecha, se eliminaron 100 vacantes en sala de lactarios. Se pasó de una matrícula de 1150 en 2015, a 951 en 2021. o se construyen escuelas, se eliminan aulas enteras”, expusieron.
“Desde marzo de 2021, el Tribunal Superior de Justicia confirmó que la Ministra de Educación debe entregar esa información.
La jueza María Soledad Larrea intimó nueve veces a la Ministra a que cumpla la sentencia y, ante la reiterada desobediencia a una orden judicial, le impuso una multa diaria de $3.000 hasta que acate lo que decidió la justicia”, aclaran.
“La Ministra prefiere perder el monto, antes que brindar información pública, transparente y precisa. En definitiva, la Ministra de Educación, incumple dos puntos centrales de una república democrática participativa. Desconoce que el Poder Judicial le puede señalar su incumplimiento como funcionaria pública. Y rechaza informar adecuadamente a la ciudadanía para que controle su gestión”, concluyeron.
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