Un grupo de diputados oficialistas impulsa en el Congreso el proyecto de Salario Básico Universal.

Un grupo de diputados oficialistas, junto a representantes de diversas organizaciones sociales presentaron hoy un proyecto de ley para que 9 millones de argentinos, entre desempleados, trabajadores de la economía informal y otros sectores de bajos ingresos, puedan acceder a un Salario Básico Universal (SBU). El objetivo que se persigue es buscar erradicar la indigencia, valorizar un cúmulo de tareas que el actual mercado laboral considera marginales y redistribuir ingresos.

Si bien por lo pronto, todavía no tiene fecha de tratamiento en Comisiones, la sola presentación genera un tema de discusión que actúa como una cuña en medio del debate en las filas de la coalición gobernante acerca del rumbo que debe tomar la economía.

Así, desde el Congreso Nacional se sigue fomentando la idea de fortalecer los ingresos no solo de las capas más castigadas, sino también los de los trabajadores. En esta semana, fueron tres los proyectos de ley en ese sentido: el del diputado Máximo Kirchner, que propone adelantar seis meses las cuotas del Salario Mínimo Vital y Móvil para que el aumento del 45 por ciento pautado en marzo se perciba en julio del 2022 y no en enero de 2023; el de Mariano Recalde en el Senado, que propone legislar una nueva moratoria previsional; y finalmente este, que busca ampliar el sistema de protección social.

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Que dice el proyecto.

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Según el proyecto presentado, el SBU es una prestación monetaria no contributiva equivalente al monto de una Canasta Básica Alimentaria (CBA) de un adulto, que en valores del mes de marzo era de 12.900 pesos, lo que permitiría un piso de ingresos con los que los beneficiarios podrían o bien formarse (terminar el colegio, capacitarse en algún oficio, etc.), o sino conseguir otros empleos partiendo de tener el alimento asegurado.

Podrían solicitar el beneficio los adultos de entre 18 y 64 años que estuviesen desocupados, fueran monotributistas de la categoría A, las trabajadoras de casas particulares, los peones agrarios, los trabajadores informales o asalariados formales pero pobres (el nuevo fenómeno en Argentina, trabajadores con derechos pero que cobran lo mismo que el ingreso permitido a un monotributista de categoría A).

Con esto se busca fortalecer y mejorar el sistema de seguridad social argentino, que hoy cuenta con una protección amplia en niños y adultos mayores, pero muestra un gran déficit para la población de entre 18 y 65 años sin hijos, pobres o de clase media baja sin patrimonio ni ingresos fijos.

Otro de los requisitos para acceder al SBU es no cobrar prestación por desempleo, o Potenciar Trabajo, o la Tarjeta Alimentar.

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Diferentes voces por una misma causa.

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Una de las cuestiones que favorecen el monolítico apoyo al SBU, es el amplio muestrario de posicionamientos internos que acompañan la idea de hacer ley a este proyecto.

Partiendo de la iniciativa impulsada por los legisladores Itaí Hagman, Natalia Zaracho, Federico Fagioli (los tres del Frente Patria Grande) y  Leonardo Grosso (del Movimiento Evita), el acto realizado en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja contó también con la presencia del jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, como la de Juan Grabois -referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)-, Daniel Arroyo (ex ministro de Bienestar Social hasta asumir su banca) y la diputada “cartonera” Natalia Zaracho, entre otros. A las pocas horas del acto, Andrés “Cuervo” Larroque,  Secretario General de La Cámpora, apoyó el proyecto por redes sociales. Lamentablemente, no hubo presencias de partidos opositores, incluyendo a la izquierda, que a veces no se entiende para donde juega.

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Los números.

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El equipo que estudió el proyecto desde el Frente Patria Grande, calculó que el costo fiscal bruto que se necesitaría erogar para financiar el proyecto sería de casi 100.000 millones de pesos en 2021, suma equivalente a algo más del 2 por ciento del PIB. Pero, cuando se resta el ahorro generado por los programas que absorbería el SBU, además del “retorno” vía impuestos al consumo (que en estos deciles de la pirámide social su vuelco al consumo es algo seguro), dicho costo se achicaría algo más que la mitad, o sea, a menos de un punto del PIB, unos 400.000 millones de pesos.

Al apoyar la idea, Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social y presente en el Congreso, pidió no temer al impacto fiscal de la supuesta medida, a la vez que dijo que “… se puede hacer por etapas, por zonas, pero lo importante es avanzar”.

Según dicta el proyecto de ley, la ejecución sería del Anses pero quien aportaría los fondos sería el Tesoro Nacional, lo que dispara la duda acerca de que es lo que piensa al respecto el ministro de Economía Martín Guzmán, haciendo también extensiva la pregunta al presidente Alberto Fernández. Acerca de ello, Juan Grabois afirmó que ambos están al tanto y “están de acuerdo con el proyecto”.

Otro apoyo a la idea surgió desde la Cepal, un organismo que propone la implementación del SBU desde antes de la misma pandemia. El oficial a cargo de la División de Desarrollo Social del organismo, Simone Cecchini, dijo que “Cuando la gente recibe dinero, consume e invierte, no va a guardarlo en una cuenta offshore en Panamá”, a la vez de agregar que “… hay que dar cuenta que la experiencia de la región con respecto a programas de transferencia focalizada y condicionada han sido muy buenas. Sin ir más lejos, la Cepal estimó que en 2017 la AUH redujo un 10 por ciento la pobreza y un 15 la indigencia en Argentina, además de generar un impacto positivo en el acceso a la educación (…) más allá de que no haya programas perfectos”.

Finalmente, la diputada Natalia Zaracho, intimó a pensar que sociedad pretendemos forjar al decir que “… no podemos mirar para un costado con lo violento que es no tener un plato de comida. ¿Alguien cree que una persona hace cuadras de cola en un comedor porque quiere? No, y lo peor es que mucha de esa gente trabaja, pero no por eso tiene garantizada la comida. Hay millones de trabajadores de la economía popular que se inventan su trabajo en un sistema que los excluye, y no podemos mirar más para el costado”.