A la mesa le tiemblan las patas.

Luego de la primera reunión de la mesa de diálogo entre Roberto Feletti (Sec. de Comercio), los inquilinos y las inmobiliarias, quedó en claro cuáles son las barajas de cada uno.

La discusión planteada por los inquilinos fue agrandar la oferta mediante la creación de un gravamen a la vivienda ociosa, algo común en Europa, como manera de solucionar la falta de propiedades para alquiler (se calculan casi 140.000 viviendas ociosas, tan solo en la Ciudad de Buenos Aires). Además, también se barajó la posibilidad de dar beneficios a quienes pongan las viviendas para locación.

Luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, reveló que se estaba buscando introducir modificaciones en la ley de alquileres, en Comercio Interior se comenzó a trabajar en una propuesta que mejore la ley actual, amén de tener en cuenta para ello los intereses de las partes pero priorizando la situación de los inquilinos sin dejar de tener en cuenta los problemas de los propietarios.

Para tratar de poner en palabras el escenario en el que se trabaja con todo esto, Feletti explicó que “el propietario reclama legítimamente una renta por su capital invertido, el inquilino no la puede pagar, y no hay estabilidad ni previsibilidad en la continuidad del contrato”.

De allí surgen dos propuestas: la aplicación de un impuesto a la vivienda ociosa (inquilinos) y el ofrecimiento de un beneficio para los propietarios que coloquen en alquiler su inmueble (inmobiliarias y propietarios).

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos, afirmó que “… no estamos diciendo que una persona que tenga una vivienda tiene que pagar más impuestos. Nosotros planteamos que los que tienen más de tres viviendas paguen este impuesto”. Además, explicó que el verdadero problema está en la ausencia de regulación del precio de los nuevos alquileres.

O sea que la propuesta va a dos puntas: generar oferta con la aplicación del nuevo tributo, además de hacer que los contratos tengan un mecanismo de contratación que le brinde certeza al inquilino sobre lo que va a pagar.

Por el contrario, la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), que es quien más presiona por el cambio de la ley, propone crear un “beneficio” (¿no era que eran malos los subsidios?) para los propietarios que pongan las viviendas en el mercado locativo y así fomentar nueva oferta. O sea, reducir tasas e impuestos (como ingresos brutos). Además, piden la revisión del plazo de los contratos (hoy en tres años), y que sea el inquilino (la típica trampa en la que el que termina definiendo es el propietario) quien decida si quiere un contrato a uno, dos o tres años.

Otra de las diferencias está en los montos de actualización, hoy a través del llamado índice para contratación de locación (ICL), que contempla por partes iguales la variación de la inflación (IPC-Indec) y de los salarios según la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).

Mientras que inquilinos empujan por una mayor preponderancia del RIPTE en el índice, las inmobiliarias proponen implementar distintos índices alternativos, como mínimo dos alternativos y con actualización cada seis meses (hoy debería ser anual).

Luego de pedir el envío de la letra chica de las propuestas a las partes, Feletti informó que una vez que las mismas sean recibidas por la Secretaría de Comercio Interior, “vamos a procesarlas, las vamos a circular entre todos y todas, se las vamos a comunicar al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y luego vamos a volver a convocar a una reunión”.

Finalmente, puso en relieve que “es necesario lograr una mayor inserción de las y los inquilinos, mayor nivel de vivienda y estabilidad sobre el valor del alquiler, porque actualmente la vivienda representa un alto porcentaje en los ingresos (…) El alquiler es una parte de la política de vivienda y tiene que ser accesible”.