Abogados rechazan la ampliación de facultades de la Justicia porteña aprobada por la Legislatura
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) pidió hoy la “suspensión inmediata” de la aplicación de la ley aprobada recientemente por la Legislatura porteña que habilita al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires a revisar sentencias dictadas por la justicia nacional.
El CPACF presentó una acción de amparo contra el Gobierno porteño, en la que pidió al juzgado en lo contencioso administrativo federal 8 que dicte una medida cautelar ordenando la “suspensión inmediata” de la aplicación de los artículos 4 y 7 de la ley 6.452.
La norma fue sancionada el 30 de setiembre último por la Legislatura porteña, con la oposición del Frente de Todos (FdT) que advirtió sobre el interés del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en contar con un tribunal “amigo” para determinadas causas, como la del concurso del Correo Argentino.
Días atrás también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, expresó su rechazo y evaluó que, si se avanza con la promulgación, deberán tomarse las medidas institucionales necesarias para evitar la implementación de una norma que podría afectar el normal desenvolvimiento de la justicia local.
“Se cuestionan las facultades administrativas de la CABA para dictar leyes dentro de ámbitos reservados al Estado Nacional”, argumentó el Colegio en la acción de amparo de medio centenar de carillas, firmada por el presidente del CPACF Eduardo Awad.
La norma “crea una nueva instancia, inconstitucional e ilegítima para todos los procesos judiciales que tramitan ante la Justicia Nacional Ordinaria por la cual, previo a la presentación del Recurso Extraordinario Federal que prevé el artículo 14 de la Ley 48, debería ocurrirse ante el TSJCBA”.
Para el CPACF “esta ilegítima y burda maniobra genera un conflicto institucional sin precedentes, que prolongará indefinidamente los procesos judiciales, dándole intervención como nueva instancia a un órgano completamente incompetente”.
La entidad calificó de “disparate jurídico” la sanción de la norma porque -advirtió- la incompetencia para dictarla “es un tema de Instrucción Cívica del colegio secundario” y señaló que, “de aceptar tamaña violación, sólo por el hecho circunstancial de contar con los votos para hacerlo, se terminaría de convertir a la Constitución Nacional en mero catálogo de buenas intenciones”.
Una presentación similar fue presentada casi simultáneamente por la agrupación de abogados “Gente de Derecho”, con la firma de su presidente, Jorge Rizzo