Apelarán la cautelar que impide la distribución de un bono de 5000 pesos para consumos culturales a jóvenes de 18 a 24 años
Dos días después de que se abriera la inscripción al plan Más Cultura Joven, la jueza federal con competencia electoral, María Servini, hizo lugar a una medida cautelar y dispuso que el ministro de Cultura, Tristán Bauer, no implemente la entrega de un bono de cinco mil pesos por considerar que se trata de una medida “electoralista”. La magistrada hizo lugar a la medida que solicitó un particular y dispuso que Bauer “se abstenga de disponer de los fondos de dicho Ministerio” hasta pasadas las elecciones del 14 de noviembre, con “el único fin de proteger adecuadamente el derecho al voto de todos los ciudadanos”.(Página/12, 22/10/2021)
El ministro Tristán Bauer sostuvo que “la denuncia del plan es una locura” y remarcó que “el Plan Más Cultura es doblemente virtuoso. Por un lado inyecta dinero en el sector y por el otro le da la posibilidad a jóvenes de 18 a 24 años de acceder al cine, un libro, un concierto”
Bauer difundió el siguiente comunicado bajo el título “Más Cultura, Una política pública para la inclusión” en el que señala la decisión del Ministerio de apelar la medida:
“En relación con la orden de restricción a este Ministerio, dictada inaudita parte, por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría y de la cual aún no hemos sido notificados, para disponer de los fondos necesarios a los fines de ejecutar el programa Más Cultura nos vemos en la imperiosa necesidad de expresar lo siguiente:
El programa Más Cultura, implementado por el Ministerio de Cultura, en colaboración con la ANSES y el Banco Nación, es una política pública pensada, diseñada y elaborada con dos principios fundamentales: por un lado, impulsar y fortalecer la producción de uno de los sectores más castigados por la pandemia, como es el de las industrias culturales, que se traduce directa o indirectamente en más y mejores puestos de trabajo para artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura al generar nuevos públicos.
Por otro lado, promover la inclusión de más de 1 millón y medio de jóvenes que, a través de esta medida, puedan disfrutar de ir al cine, al teatro, a un recital, comprar un libro, la entrada de un espectáculo, porque entendemos que la cultura la hacemos todos y todas y tenemos derecho a disfrutarla todos y todas. Se trata de una política similar a la que se realiza en países como Francia, España, Brasil y Uruguay e inclusive en otros distritos de la Argentina, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se está implementando en la actualidad.
Más Cultura fue anunciado el 14 de octubre pasado en la sala de conferencias de la Casa Rosada y desde el 19 de octubre se abrió su inscripción, en la cual ya se anotaron más de 320.000 jóvenes para recibir el beneficio. No se violó ni se rompió ninguna veda. Se realizó conforme a los tiempos y formas que impone la Ley Electoral porque es un programa que de ninguna manera busca promover la captación del voto en las próximas elecciones, sino garantizar el derecho de acceso a bienes culturales por parte de las y los jóvenes de manera igualitaria y simplemente cumpliendo con los requisitos objetivos que exige el programa.
Por último, cabe destacar que el desarrollo de esta política forma parte de las múltiples y variadas medidas prácticas y acciones que realiza este Ministerio desde el inicio de su gestión, atento a las particularidades de cada momento y sin perjuicio de romper ninguna veda vigente.
En esta línea, el gobierno nacional invirtió 20.900 millones de pesos durante la emergencia sanitaria alcanzando a más de 162 mil artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura con políticas tales como Cultura Solidaria, Fortalecer Cultura, Sostener Cultura, más de 6 mil espacios y organizaciones culturales con programas como Puntos de Cultura, Fondo Desarrollar, Plan Podestá, Apoyos Conabip, entre otros y más de 7.700 empresas culturales a través de ATPs y Repro II.
Recurriremos, entonces, a todas las vías legales necesarias para apelar esta medida cautelar que intenta impedir la posibilidad de miles de jóvenes de ejercer a pleno el derecho a disfrutar de prácticas, bienes y servicios destinados a fortalecer la inclusión en la Argentina”.
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