Legisladoras piden derogar un artículo para avalar la oferta de servicios sexuales en la vía pública
Legisladoras porteñas del Frente de Todos e instituciones civiles impulsan un proyecto de ley para derogar el artículo 86 del Código Contravencional de CABA que sanciona la oferta de servicios sexuales en la vía pública.
El artículo expone: “Quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a cuatrocientos ($ 400) pesos. En ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales. En las contravenciones referidas en el párrafo precedente, la autoridad preventora sólo puede proceder al inicio de actuaciones por decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal”.
Este miércoles se desarrolló en el Salón Dorado de la Legislatura (Perú 160) un panel al respecto. Asistió la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa de la CABA (MPD), Marcela Millán; Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina); Vanina Escales del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
Se sumaron las legisladoras Victoria Montenegro, autora del proyecto de ley y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; María Bielli, Lucía Cámpora y Claudio Morresi; todos integrantes del bloque FdT.
Por su parte, la legisladora Cámpora manifestó: “Queremos que se derogue el art. 86 del Código Contravencional para que cese la persecución y la violencia institucional contra las compañeras”.
Millán, del MPD, recordó que desde sus orígenes este artículo del Código Contravencional promovió “una política de persecución sistemática de las trabajadoras sexuales en la Ciudad de Buenos Aires por parte de las fuerzas de seguridad, con el aval del Ministerio Público Fiscal”: “Esta política promueve la violencia institucional hacia trabajadoras sexuales y se encuentra en contradicción con las políticas de ampliación de ciudadanía y protección de derechos que viene implementando el Estado Nacional”.
Además, alertó que la situación actual se encuentra agravada porque las trabajadoras sexuales “no solo son objeto de causas contravencionales, sino de causas penales por el traspaso de competencias del ámbito federal a la Ciudad, sumándose a las causas por contravención, los delitos penales de atentado y resistencia a la autoridad y tenencia de estupefacientes”.
En 2017 el entonces legislador Pablo Ferreyra (Seamos Libres) promovió un proyecto similar para permitir la oferta de sexo en la vía pública. Retomaba propuestas presentadas en 2011, 2013 y 2015 que no tuvieron tratamiento parlamentario.