Defensoría: “Tener internet en la villa es más caro que en el resto de la ciudad”
El dato surge de un informe que realizó el área de villas de la Defensoría del Pueblo, que concluyó que en los barrios más vulnerables del territorio porteño conectarse a internet es más caro y el servicio más deficiente que en el resto del distrito.
La pandemia de COVID-19 expuso como nunca antes la necesidad del acceso a los Servicios de Tecnología de la información y las Comunicaciones (TIC). Sin embargo, el acceso a estos servicios se hace realmente difícil para parte de la población que vive en nuestra ciudad.
Por nuestro trabajo en villas y asentamientos, y por los datos que surgen de nuestro Monitor de Servicios Públicos en Villas, sabemos ya desde hace algunos años que la provisión del servicio de internet es de mala calidad en estos barrios. La propia fisonomía de los barrios, con pasillos angostos y hacinamiento, resta además fluidez, velocidad, estabilidad a las conexiones. Pero además de su mala calidad, el servicio de internet suele ser más caro para los vecinos y vecinas que viven en las villas que para quienes viven en los demás barrios de la Ciudad. ¿Por qué se produce esto? ¿Cómo acceden los vecinos y vecinas a internet en las villas?
Existen diferentes alternativas de acceso a internet en las villas y asentamientos. Las modalidades más usuales suelen ser a través de servicios que proveen prestatarios tales como cooperativas o pequeñas empresas o a través del uso de datos del celular.
En el caso de los prestadores de WIFI, además de algunos cableoperadores más grandes, son comúnmente pequeños emprendedores los que reproducen, en los barrios informales y sin la infraestructura adecuada, el servicio que suministran las grandes prestadoras de la ciudad formal. De allí que, por un lado, el precio del servicio sufra grandes oscilaciones, dependiendo del barrio y del proveedor, y que, por otro, la calidad del servicio suela ser deficiente. A esto se le suma el costo de instalación, que no es menor, y que en el resto de la Ciudad suele estar bonificado.
La segunda alternativa de acceso de uso frecuente es a través del uso de datos de los celulares. En este caso, el servicio suele ser marcadamente más costoso que el servicio domiciliario. Pero, además, el tipo de plan de celular que se suele utilizar en las villas, de tipo pre–pago, eleva los costos adicionales en datos.
Por otra parte, estar conectado en estos barrios suele ser relativamente más caro que en otros barrios de la Ciudad, si se tiene en cuenta que allí habita población cuyos ingresos comúnmente están por debajo de la línea de la pobreza. De allí que el costo del servicio suela tener mucho mayor peso en la estructura de gastos de estos hogares.
Esta inequidad, que hace que quienes viven en villas paguen en buena medida más caro por los servicios que quienes no viven en la pobreza, también se observa a nivel nacional.
La brecha digital se replica, además, en un conjunto de otros aspectos que dificultan un acceso de calidad a toda la población a nivel nacional: en términos generales, en Argentina el acceso a internet es de un 47% para hogares sin antecedentes educativos, mientras que esa cifra se duplica (94%) en los hogares de mayor nivel de educación. También la Encuesta Permanente de Hogares arroja datos que ilustran esa brecha: en las grandes ciudades de nuestro país, el 83% de los hogares tiene acceso a internet, un 80% utiliza internet, el 61% tiene acceso a computadora y un 41% de la población utiliza computadora (4° trimestre de 2019, EPH. INDEC).
Además, en términos regionales y según datos de la CEPAL, el servicio de internet en la Argentina es más elevado que en el resto de los países: mientras que un plan de 30 megas cuesta en promedio US$33 en el resto de Sudamérica, en nuestro país puede llegar a costar hasta US$49.
Intervención de la Defensoría del Pueblo
Durante el 2020, la Defensoría del Pueblo recibió más de 300 denuncias vinculadas a problemas de acceso a las TICs por parte de vecinos y vecinas de las villas de la ciudad. Se recibieron algunas a través de los canales tradicionales de denuncia –redes, teléfono, sedes– y la enorme mayoría en operativos presenciales que realizamos en las villas. Desde el organismo comprendimos que –cuidando el cumplimiento de protocolos vigentes–, no podíamos dejar de ofrecer alternativas de cercanía para la atención y toma de denuncias, y que éstas debían ser en parte presenciales, para población para la que la virtualidad resulta tan inestable y costosa.
Durante todo el año, nuestros equipos trabajaron para tratar de saldar situaciones que les surgieron a los vecinos y vecinas de las villas como producto de la falta de conectividad. Entre ellos, dificultades para acceder a documentación personal, obstáculos para acceder a la seguridad social –particularmente la gestión de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)–, imposibilidades de cumplir con la continuidad educativa bajo la modalidad virtual, acceso a turnos de todo tipo, inscripción para becas, etc.
Además, la Defensoría participó de la medida cautelar a la que la justicia porteña respondió con la creación de un registro de estudiantes con necesidades informáticas no satisfechas. La Defensoría del Pueblo porteña difundió la existencia del registro y actuó como intermediaria en la recepción y elevación de las solicitudes de entrega de equipos informáticos (computadoras portátiles, notebook o tablet y conexión a internet) formuladas por la comunidad educativa. Eso, hasta tanto la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a los recursos de apelación interpuestos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y revocó parcialmente la sentencia sobre accesibilidad informática.
Por otra parte, el organismo participó intensamente en las instancias administrativas y judiciales para incluir el tema del acceso a las TICs en el protocolo que el GCBA aprobó para la intervención en barrios populares en el marco de la pandemia por COVID. Allí se logró que se incluyera la conectividad como parte de los temas esenciales a atender.
Buscando avances en términos de gestión, desde la Defensoría se convocó también a una mesa de trabajo con representantes del Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad para que, en la sede de la Defensoría, se iniciara un trabajo conjunto para diseñar una estrategia común sobre las TICs para las villas de la Ciudad. De la mesa, y a instancias del organismo, participaron representantes del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), de la Jefatura de Gabinete Nacional y funcionarios de la Secretaría de Innovación y de la Agencia de Sistemas de Información de la Jefatura de Gabinete del GCBA.
Por último, usando su iniciativa parlamentaria, el Defensor presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley con el objeto de garantizar la inclusión del tendido de infraestructura de los servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y acceso a redes de telecomunicaciones entre la infraestructura de servicios de aquellos barrios en los que el GCBA impulsa un proceso de integración social y urbana. A la fecha, el desarrollo de la infraestructura de barrios en procesos de integración sociourbana incluye infraestructura para servicios como el agua, las cloacas o la electricidad, pero no incluye las TICs. Esta demanda también se llevó desde el organismo a las mesas barriales en las que el ejecutivo, las Defensorías y las organizaciones sociales debaten semanalmente sobre los procesos de integración sociourbana desde una mirada local.
Defender el derecho a la conectividad
Desde mediados de 2020, se implementaron una serie de políticas a nivel nacional, destinadas a reducir la brecha digital. El ENACOM aprobó el Programa para el Desarrollo De Infraestructura para Internet destinado a Villas y Asentamientos inscriptos en el Registro Nacional De Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) por un capital de $1.000.000.000.
Asimismo, con la reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20 que declara de carácter de servicio público en competencia a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se puso en marcha una política nacional de creación de nuevos derechos ciudadanos a través de la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU).
Para buena parte de quienes viven en las villas de la CABA, la creación de esta prestación aún resulta desconocida. De allí que desde la Defensoría trabajemos para su difusión, primera condición para que los servicios que garantizan derechos se vuelvan accesibles. En ese sentido, se han creado piezas comunicacionales específicas, que se hacen llegar al conjunto de actores con los que la Defensoría interactúa a nivel territorial en las villas.
Se espera, para los próximos meses, además, que también en la CABA la conectividad entre en la agenda de gobierno 2021 y se trabaje también en saldar el problema de falta de dispositivos en los hogares.
En ese sentido, desde la Defensoría se trabaja junto con otros actores sociales y sindicales en vistas a lograr que más organizaciones sociales y vecinos y vecinas de las villas puedan participar del tendido de la infraestructura necesaria para que la internet sea accesible y de calidad en las villas.
El 2020 mostró de manera descarnada que el acceso a la conectividad debe ser un derecho que garantice el estado, ya que, más que nunca, es condición necesaria de escolarización de niños, niñas y adolescentes, para la realización de trámites frente a organismos públicos, para el pedido de turnos médicos, así para como para el teletrabajo. En ese escenario, en la Ciudad de Buenos Aires se observa todavía una fuerte inequidad en el acceso a dicho servicio que es preciso corregir: inequidades en cobertura, acceso, calidad y precios de los servicios.
Seguiremos poniendo a la Defensoría como espacio activo y disponible para el encuentro de decisores de distintos niveles, y mediando para que los acuerdos necesarios se produzcan, en pos de velar por los derechos de nuestros vecinos y vecinas.