Tras la negativa de Larreta, Nación reiteró la invitación “a un diálogo con buena fe” por el financiamiento de la Policía de la Ciudad

El Gobierno nacional volvió a convocar al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para reunirse a hablar sobre los fondos coparticipales que debe girar Casa Rosada para financiar la Policía de la Ciudad. El fin de semana, el mandatario porteño rechazó cualquier tipo de encuentro y espera que la Corte Suprema de Justicia defina si la nueva Ley N° 27.606, aprobada para tal fin, es constitucional o no.

“Reiteramos la invitación a un diálogo de buena fe, sobre la base del respeto a las instituciones, y convocamos nuevamente al Señor Jefe de Gobierno a una reunión preliminar a celebrarse el lunes 4 de enero del 2021 a las 15 horas en el Salón de los Escudos”, expresaron los ministros de Interior y Economía, Eduardo “Wado” de Pedro y Martín Guzmán.

Ambos funcionarios redactaron la primera nota que ya rechazó el mandatario porteño. Ahora, vuelven a insistir: “Entendemos que no hay mayor estándar de legalidad e institucionalidad que convocar a una reunión formal en el marco de una ley que no sólo ha sido debatida y sancionada como demanda la Constitución Nacional, sino que ajusta el proceso de transferencia a los requisitos que esta última establece en su artículo 75 inciso 2° quinto párrafo, diferenciando los recursos que corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dicho concepto de aquellos previstos en el artículo 8° de la Ley N° 23.548, postura que fue apoyada por los gobernadores y las gobernadoras de las VEINTITRES (23) provincias al momento de la suscripción del Consenso Fiscal, el pasado 4 de diciembre de 2020″.

Agregaron: “sin perjuicio de desconocer por falaces los argumentos vertidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la misiva de referencia, quienes suscriben en representación de los Ministerios de Economía y del Interior de la Nación ratifican la voluntad del Gobierno nacional de trabajar en conjunto con todas las provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires sobre la base del diálogo y la responsabilidad”.

El encuentro rechazado por Rodríguez Larreta se iba a hacer en base a lo requerido en el artículo 2 de la Ley N° 27.606, aprobada por el Senado el 10 de diciembre y promulgada por el Ejecutivo Nacional.

El mandatario porteño le contestó a de Pedro y Guzmán: “Me dirijo a Ustedes en respuesta a la convocatoria recibida en el marco de la Ley 27.606 relativa al “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante todo, quiero expresar que nos vemos impedidos de concurrir a la reunión propuesta según lo establecido por el artículo 2° de esta ley ya que hemos planteado judicialmente la inconstitucionalidad de la misma”.

“Desde el primer momento, la Ciudad de Buenos Aires ha impulsado el diálogo y la concertación como mecanismos para lograr consensos”, dijo Rodríguez Larreta y sumó: “Pero consideramos que precisamente en este caso los acuerdos preexistentes fueron dejados de lado de forma unilateral y por lo tanto esta Ley quebranta las bases del federalismo de concertación que pretende promover. Además, la Ley viola manifiestamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ya que la firma del convenio de traspaso de la Policía Federal llevada a cabo en 2016 era suficiente para consolidar la transferencia de facultades y funciones de seguridad sin necesidad de una norma adicional”.

“Se trata de una Ley que consagra una violación a la división de poderes, a la seguridad jurídica, a la estabilidad de los actos de gobierno, a la buena fe que debe regir las relaciones entre distintos niveles de gobierno y a la confianza legítima; y como consecuencia, se pretende poner de rodillas a la autonomía de la Ciudad”, expone el jefe de Gobierno.

“Para enmascarar esta intención, a través de un ilusorio convenio posterior se intenta legitimar esta Ley dentro de las exigencias de la Constitución Nacional, que establece como necesario el acuerdo previo de la Ciudad como jurisdicción afectada. Pero esto es sólo una ficción jurídica que pretende ocultar el verdadero propósito de violar la autonomía” del distrito porteño, según el mandatario local.

En ese sentido, Rodríguez Larreta insiste en que “la Ley parte de una premisa errónea que distorsiona cualquier cálculo posible, porque establece que se debe tomar como base de cálculo los componentes efectivos en el año 2016, cuando el convenio firmado ese año aclaraba que se trataba de un período de transición y que recién en 2017 se consolidaría la transferencia”.

“Nos vemos obligados a no convalidar con nuestra presencia la ejecución de una ley que, como hemos planteado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el mismo día en que fue publicada, es inconstitucional y daña a las instituciones democráticas de nuestro país”, subraya.

A fines de diciembre, Rodríguez Larreta manifestó su intención de insistir en su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para declarar inconstitucional la Ley N° 27.606.

La primera vez que el GCBA acudió a la Corte fue en septiembre para pedir la inconstitucionalidad del Decreto 735/2020. El Poder Ejecutivo de la Nación, para desactivar una protesta de la policía bonaerense por mejoras salariales, creó un fondo Fiscal para la Provincia de Buenos Aires con dinero destinado en principio a la coparticipación que recibía la Ciudad. El máximo tribunal todavía no se manifestó al respecto.

Desde el Gobierno porteño manifestaron a través de un comunicado sobre el reclamo en torno a la Ley N° 27.606: “Ante este nuevo atropello a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ocasionado por la Ley sancionada por el Congreso el 10 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad ha resuelto iniciar una nueva acción judicial para plantear la inconstitucionalidad, tal como se hizo con el Decreto 735/2020, cuyo amparo se encuentra en trámite en la Corte Suprema de Justicia”.

“La Ley, al consolidar la reducción del coeficiente de coparticipación y establecer la transferencia de un monto de solo $24.500 millones a cuenta para el financiamiento de la seguridad interior no federal en la Ciudad de Buenos Aires, agrava aún más la situación y obliga a la Ciudad a adoptar medidas para paliar parcialmente y en forma transitoria el desfinanciamiento producido por estas medidas”, suman.

En el GCBA argumentan que “la Ley vulnera principios y garantías constitucionales, en abierta violación al federalismo de concertación que debe primar las relaciones entre el Estado Nacional, las Provincias y la CABA. Y atenta contra la autonomía de la CABA y deja de lado de manera unilateral acuerdos preexistentes, que estaban consolidados y se estaban ejecutando”.

“La suma que se dispone transferir como pago a cuenta para financiar la seguridad sólo cubriría el 27,9% de la partida total en el Presupuesto y apenas el 40% del gasto en Personal proyectado. Para evidenciar la magnitud del despojo se debe señalar que desde que se produjo la primera reducción como consecuencia del Decreto 735/2020 de fecha 10-9-2020, claro antecedente de la ley ahora cuestionada, la Ciudad de Buenos Aires ha dejado de percibir en concepto de coparticipación hasta el 10 de diciembre la suma de $11.010.634.519. Y la aplicación de la ley implica para el año 2021 una pérdida de $ 65.083.500.000″, agregan.