Tribunales: dirigentes y organizaciones realizaron un “abrazo solidario” en apoyo a Boudou
El exministro de Economía y exvicepresidente Amado Boudou recibió hoy el respaldo de dirigentes del oficialismo y de organizaciones sociales y de derechos humanos que cuestionaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia y realizaron un “abrazo solidario” al Palacio de Justicia.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el titular de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Hugo Yasky; y el ministro de Desarrollo de Buenos Aires, Andrés Larroque, entre otros, rechazaron el fallo de la Corte Suprema con declaraciones públicas y pronunciamiento en las redes sociales.
“Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades”, dijo el jefe de Gabinete a través de su cuenta en la red social Twitter.
De Pedro apuntó a “algunos actores que son públicos y conocidos, que tienen que ver con una mesa judicial” y les pidió que “dejen de presionar” al Poder Judicial.
Los funcionarios se refirieron a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que ayer rechazó el recurso del exvicepresidente Amado Boudou y dejó así firme su condena a 5 años de prisión por la apropiación de la calcográfica Ciccone.
“Me sumo a las expresiones del gobernador de Buenos Aires (Axel Kicillof), a las del jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y a un montón de sectores de la sociedad que le ha perdido confianza a un sector del Poder Judicial que parece que usa el Código Procesal en el marco de las cuestiones políticas”, señaló De Pedro en declaraciones a la prensa, tras la firma del Consenso Fiscal en el Museo del Bicentenario.
“Nosotros entendemos que los códigos, la Constitución, son para respetar y queremos pedir a algunos actores que son públicos y conocidos, que tienen que ver con una mesa judicial, que dejen de presionar a la Corte Suprema y que dejen de presionar al Poder Judicial”, aseveró el funcionario.
Ayer, el máximo tribunal declaró “inadmisible” el recurso presentado por exministro de Economía y dejó así firme su condena por la apropiación de la calcográfica Ciccone.
La condena de Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal y fue entonces que el exvicepresidente presentó un recurso para que la Corte revocara su condena.
También a través de la red social Twitter, bajo el hashtag “#ConAmadoNo”, el gobernador Kicillof publicó: “Causas armadas, sentencias truchas, testigos falsos. Nada justo puede resultar de eso. Necesitamos justicia. Basta de persecución política. Se tiene que acabar el lawfare”.
En tanto, Larroque consideró que “es imposible dejar de pensar de que detrás de esto haya una especie de venganza de un sector económico que jamás le va a perdonar a Boudou que haya recuperado los recursos de trabajadores para el Estado”.
Desde la CTA, Yasky fue un poco más lejos y evaluó que “el fallo es aberrante desde el punto de vista jurídico, pero demuestra que el gobierno de los ricos y para los ricos dejó el huevo de la serpiente”.
También el Frente de Todos expresó su “preocupación” ante la resolución de la Corte Suprema y dijo que “este fallo de la Corte, sumado a otras graves actuaciones judiciales, como la reciente aceptación de testimonios recogidos bajo presión, pone de manifiesto el sostenimiento del lawfare como instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y Ios más vulnerabilizadxs”.
Desde las redes sociales, se pronunciaron, ademá, legisladores como la diputada Cristina Alvarez Rodríguez, que dijo que era “preocupante que la Corte Suprema convalide el lawfare y la persecución a Boudou en un fallo sin argumentos, que confirma la injusticia”, y le deseó “fuerza” al exvicepresidente.
Ayer, el máximo tribunal de justicia, por unanimidad, declaró inadmisible el recurso de queja que presentó la defensa del exvicepresidente, planteando la potestad que otorga el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para que la Corte pueda rechazar pedidos sin explicación.
En reclamo de esos argumentos que no se brindaron, organismos encabezados por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, ATE Capital y Curas en Opción por los Pobres, que encabeza el padre Francisco “Paco” Oliveira, marcharon pasado el mediodía al Palacio de Justicia para rechazar la decisión con un abrazo simbólico al edificio ubicado a trescientos metros del obelisco.
“No esperaremos que el juez le revoque o no la prisión domiciliaria. La mejor manera de apoyar a nuestro Gobierno nacional y popular es combatiendo el lawfare que tanto daña la democracia”, indicaron los organizadores en un comunicado que explicó la iniciativa.
Además de las organizaciones mencionadas, adhirieron al abrazo Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Ecuménico por los DDHH y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otras.
El vicepresidente, junto a otros imputados, fue juzgado por el Tribunal Oral Federal 4 por los delitos de coecho pasivo (recibir coima) y negociaciones incompatibles con la función pública.
La condena de Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara de Casación y fue entonces que vicepresidente presentó un recurso para que la Corte revocara su condena.
El mismo Boudou analizó hoy al fallo en una entrevista radial con El Destape y concluyó que la decisión era esperable ya que “no es muy difícil imaginarse cómo iba a actuar (el máximo tribunal), ya que son tiempos de la política, y las corporaciones están ejerciendo mucho su poder y su fuerza”.
“Seguramente muchos clientes de Rosenkrantz (Carlos, presidente de la Corte y exabogado del grupo Clarín) perdieron plata por mi culpa”, indicó Boudou.
El también extitular de la Anses calificó al expresidente Mauricio Macri como “jefe de una organización criminal desde el Estado para perseguir, apretar jueces y coordinar con jueces que se prestaban a esto con una mesa judicial que funcionaba en el ministerio de (Germán) Garavano”.