La Legislatura porteña aprobó la Ley de la Economía Social
Este jueves la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley de Economía Social, cuyo objetivo es “promover el desarrollo local, la generación y sostenibilidad de puestos de trabajo autogestivos y el acceso a nuevos mercados de las Unidades Productivas de la Economía Social de la Ciudad”.
El Frente de Todos, UCR-Evolución y el Poder Ejecutivo tenían sendos proyectos. Se aprobó el del oficialismo Vamos Juntos, discutido y despachado en las comisiones de Desarrollo Económico (preside Marcelo Guouman – UCR), de Promoción e Integración Social (Lorena Pokoik – FdT) y de Presupuesto (Claudio Romero – VJ).
Con esta ley, se crea un registro de estas Unidades Productivas y se consignan “criterios que tiendan a alcanzar la igualdad en el acceso a herramientas financieras, crediticias y de asistencia técnica para disminuir las brechas económicas y sociales entre las y los ciudadanos”.
El texto toma en cuenta la “perspectiva de género” para el “empoderamiento económico de las mujeres, personas trans y/o disidencias”; la inclusión de personas con discapacidades y la importancia del impacto ambiental.
La “Unidad Productiva” es definida como persona o colectivo de personas que realicen “actividades de interés económico y social, produciendo bienes o servicios en busca de satisfacer sus necesidades, con miras a su inserción en el mercado formal laboral o comercial con baja escala de capitalización y productividad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo”.
Se busca favorecer a estos trabajadores con exenciones impositivas, políticas de fomento del crédito a través de programas del Banco Ciudad y la constitución de un fondo fiduciario con aportes públicos y privados para “mejorar, ampliar o garantizar la producción u obtención de los productos o servicios vinculados a su actividad”.
Podrán participar asociaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, sociedades, siempre que “tengan experiencia acreditable en el otorgamiento de créditos y mesocréditos, brinden capacitación y/o asistencia técnica” a las unidades productivas. La autoridad de aplicación será definida por el Poder Ejecutivo en la reglamentación del articulado de esta nueva ley.