La Audiencia por el aumento del gas contó con la presencia de la Defensoría
La Audiencia pública que se realizó por zoom contó con la presencia de Diego Mielnicki, director del área de Servicios Públicos, quien fijo la postura de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en el encuentro. El representante del organismo señalo “Los cuadros tarifarios no pueden exceder la capacidad de pago de las personas”.
Mielnicki destacó que se haya mencionado en varios discursos que lo antecedieron la importancia de respetar el denominado fallo CEPIS, por el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló en 2016 el aumento que se había establecido en el servicio del gas para usuarios residenciales. Y añadió “Recordemos que el acceso a los servicios públicos esenciales, en este caso a las fuentes de energía, hace al ejercicio de los derechos humanos”, aseguró Mielnicki y recordó el fuerte impacto que tuvieron en los bolsillos de los trabajadores los aumentos que se establecieron entre 2016 y 2019.
“Estos incrementos –añadió el funcionario de la Defensoría- representaron un enorme esfuerzo para el bolsillo de cualquier trabajador y más si se comparan con los producidos en el Salario Mínimo Vital y Móvil, las jubilaciones, etc. Los cuadros tarifarios no pueden exceder la capacidad de pago de las personas. Sobre todo aquellas personas cuya situación es de mayor vulnerabilidad”.
El representante de la defensoría del pueblo en la audiencia señaló en forma de critica algunas decisiones puntuales tomadas en ese período, cuando “se eliminaron los topes porcentuales establecidos en la Resolución 2/12 de 2016 que intentaban mitigar el impacto de los aumentos impulsados por la RTI y se eliminaron las bonificaciones para quienes ahorraran en el consumo de energía, lo cual no contribuyó a concientizar sobre la importancia de su uso racional”.
La Defensoría del Pueblo porteña viene destacando, desde hace años y en cada audiencia pública, la importancia del régimen de tarifa social para los sectores más vulnerables. Respecto de eso, Mielnicki opinó que “la tarifa social es la herramienta que tiene que proveer el Estado para que toda familia que no pueda abonar lo que cuesta el servicio pueda acceder igual. Acá también hubo un claro retroceso en la modalidad de tarifa social cuando en noviembre de 2017 empezaron a aplicarse los bloques de consumo, que establecieron un límite en la cantidad de metros cúbicos y generaron que quienes necesitan tarifa social terminen pagando un poco menos de lo que pagarían sin tarifa social, lo cual desvirtúa el concepto de tarifa social”.
Además, añadió Mielnicki, “desde la Defensoría se registró una cantidad importante de inconvenientes burocráticos para mantener o acceder al servicio, así como fuertes demoras en las solicitudes”.
Antes de pasar a las propuestas, el director de Servicios Públicos de la Defensoría habló sobre la importancia de segmentar el consumo para no subsidiar a quien no lo necesita, pero no dejar sin subsidio a quien sí lo precisa. “No es razonable que el Estado subsidie a los sectores que pueden pagar una tarifa plena, pero en caso de segmentar hay que hacerlo con la mayor racionalidad y cuidado posibles, para no agravar la situación económica de una gran parte de la población”. Y puso como ejemplo aquellos jubilados que viven en barrios, supuestamente de alto poder adquisitivo, pero con ingresos apenas por encima de dos salarios mínimos.
Finalmente, expresó las propuesta que fueron “Desde la Defensoría de CABA proponemos para que, como dice el fallo CEPIS, todo usuario pueda acceder a una tarifa justa y razonable que: el porcentaje de aumento que finalmente alcanzará las liquidaciones sea inferior al proceso inflacionario que atravesamos, que sea inferior al aumento salarial y de jubilaciones; y que se robustezcan las medidas que resguardan la situación de los sectores más vulnerables: ampliar el alcance de la tarifa social y facilitar su acceso. Extender el límite de ingreso de dos a tres salarios mínimos vitales y móviles para acceder a la tarifa social y ampliar sustancialmente los llamados bloques de consumo, incrementando la cantidad de metros cúbicos establecidos o regresando al esquema previo a la resolución que impuso esos bloques de consumo”.