Diputados del PRO impulsan ley para indemnizar a las víctimas de la Tragedia de Once
El bloque de diputados nacionales del PRO presentó este martes un proyecto de ley para que otorgar una reparación económica extraordinaria a los familiares de los fallecidos y a los sobrevivientes de la Tragedia de Once, en la que murieron 52 personas y otras 789 resultaron heridas en febrero de 2012.
En caso de aprobarse la iniciativa, este beneficio se podrá percibir más allá de que las personas hayan iniciado demandas por daños y perjuicios contra el Estado. Es equivalente en el caso de los fallecidos “a 200 remuneraciones de un agente nivel A, grado 0 del convenio del Sistema Nacional de Empleo público”. De cobrarse en el presente, sería de $13.386.480.
“En el caso de aquellas víctimas que sufrieron lesiones gravísimas, el beneficio será un 30% menor. Y para los que sufrieron lesiones graves, un 50% menos”, señalaron los legisladores según Ámbito.
La iniciativa lleva las firmas de Cristian Ritondo, María Luján Rey, Mercedes Joury, Graciela Ocaña, Álvaro González, Alicia Fregonese, Hernán Berisso, Jorge Enríquez, Carmen Polledo, Gustavo Hein, Pablo Torello, Soher El Sukaria, entre otros.
La Tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 en la cabecera porteña del tren Sarmiento, en Mitre y Pueyrredón (Comuna 3).
En diciembre de 2015, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 21 acusados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo. En mayo de 2018, la Cámara Federal de Casación confirmó 20 de las condenas y bajó la mayoría de las penas. El 5 de octubre de ese año los condenados fueron detenidos y algunos de ellos siguen en esa situación.
El 24 de septiembre de 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las condenas aplicadas al rechazar las apelaciones presentadas por las defensas de los condenados, por lo que los fallos en su contra quedaron firmes y sin posibilidad de volver a ser revisados.
Se confirmó la condena al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, a los empresarios Sergio Cirigliano y Roque Cirigliano, al maquinista Marcos Córdoba, a Pedro Ranieri, Jorge De los Reyes, Guillermo D’Abegnino, Laura Aída Ballesteros, Francisco Pafumi, Carlo Michele Ferrari, Marcelo Calderín, Carlos Pont Verges, Antonio Suárez, Oscar Gariboglio, Víctor Astrella, Jorge Álvarez, Alejandro Lopardo y Sergio Tempone.
En la investigación se tuvo por probada “la deliberada decisión de las autoridades de TBA de no realizar el mantenimiento de los bienes concesionados, contando con la colaboración necesaria de los directivos de Cometrans SA y, especialmente, de los por entonces funcionarios de la Secretaría de Transporte”, señaló el máximo tribunal en el escrito.
Agregó que esos funcionarios “tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización del sistema de transporte ferroviario, deber que deliberadamente incumplieron; todo lo cual ocasionó un paulatino deterioro del material rodante y la disminución de su vida útil, ocasionándose un enorme perjuicio al patrimonio estatal”.
La Tragedia de Once “no sólo se ocasionó con motivo de la negligente conducción del maquinista, sino que además encontraba explicación en una diversidad de factores que se encuentran ampliamente descriptos en la sentencia (del Tribunal Oral Federal 2) y que responden a las pésimas condiciones en que se explotaba el servicio”.
Atribuyó estas “pésimas condiciones” a “las políticas empresariales verificadas y la ausencia de controles por parte de la Secretaría de Transporte, lo que representaba un constante peligro para la vida de las personas que a diario utilizaban los trenes que circulaban con un deficitario estándar de eficiencia y seguridad”, según se indicó.
Por la tragedia de Once también fue condenado Julio De Vido, exministro de Planficación Federal, quien el 10 de octubre de 2018 recibió una pena de 5 años y 8 meses de prisión que le impuso el Tribunal Oral Federal 4 en el segundo juicio oral del caso. De Vido fue condenado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y no por el estrago. Quedaba pendiente la situación de Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte de la Nación, que tiene una pena de siete años de prisión.