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Denuncian que el GCBA planifica más de 100 excepciones para construir torres por encima de la normativa vigente

El Observatorio del Derecho a la Ciudad denuncia que el Gobierno porteño planifica la firma de más de 100 convenios urbanísticos  para construir torres con alturas superiores a las contempladas en el Código Urbanístico local. En este mapa online están disponibles las direcciones de los casos que están en análisis y los que ya fueron avalados por Ley.

“Un convenio urbanístico es una excepción a la planificación urbana de la ciudad, otorgado a una empresa o particular para construir más allá de lo que la norma permite (en altura, m2 construidos y morfología) a cambio de una contraprestación de parte del proponente para compensar este permiso inmobiliario excepcional”, explican en el ODC.

Asimismo recuerdan que el 2 de diciembre de 2021, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sancionó la Ley N° 6477 aprobando 10 convenios urbanísticos de los 15 firmados por el ejecutivo incluidos en el expediente 2195-J-2195: “Se aprobaron convenios de construcción de torres con máximos de 54 y 85 m de altura en barrios de casas bajas o al lado de propiedades patrimoniales”.

De esta forma se obtuvo la información de los posibles nuevos convenios: “De la lista de 118 convenios urbanísticos que aquí les presentamos, 114 surgen de la convocatoria a “Proyectos Urbanos Innovadores” lanzada por el gobierno de la Ciudad el 12 de enero de 2021. El listado incluye 97 propuestas de convenios que ingresaron en la Secretaría de Desarrollo Urbano (SECDU) de los cuales alrededor de 30 ya están en estado avanzado de tramitación y en camino hacia la firma. Debido a la falta de transparencia en el proceso de tramitación de los convenios, su existencia y contenido sólo se conocen cuando llegan a la Legislatura, lo que no permite una participación de la ciudadanía en la evaluación de esas potenciales excepciones”.

En el ODC señalan que hay rechazo a estas propuestas por parte de diversas asambleas barriales: “En todos estos barrios, los colectivos y asociaciones vecinales están en alerta y movilización por la aplicación del Código Urbanístico aprobado en 2018, de por sí muy laxo en cuanto a las alturas permitidas”.

En tanto, en el Observatorio reflexionan sobre el impacto de los convenios urbanísticos: “Los convenios urbanísticos son excepciones a la planificación de la ciudad, específicamente, al Código Urbanístico. Están autorizados, siempre y cuando, estén orientados a mejorar la calidad de vida o el ambiente urbano. Es lo que dice el Plan Urbano Ambiental, la ley de mayor jerarquía en el ámbito del planeamiento y ordenamiento territorial de la ciudad. Sin embargo, no es esa la idea que alienta los convenios ya firmados por el Ejecutivo”.

“En la mayoría se ofrece como compensación, no una mejora ambiental o en la planificación, sino dinero, una compensación económica, con una lógica meramente recaudadora. El CGBA espera obtener 200 millones de dólares con el conjunto de los convenios ingresados. A cambio, se aprueban leyes a medida de empresarios con nombre y apellido, con el objetivo de favorecer los negocios inmobiliarios. Literalmente, los sectores inmobiliarios están comprando leyes de excepción en la Legislatura, es decir, privilegios. Tampoco está garantizado que el valor recaudado en contraprestaciones se use a favor de un desarrollo más equitativo y sustentable de la ciudad porque será destinado para negocios en el área central, para los cuales ya se aprobaron dos Leyes”, suman.

“La Ciudad de Buenos Aires está sufriendo la fragmentación de su planificación a través de la acumulación de excepciones. Carecemos de un Código Ambiental y de un Plan Urbano Ambiental actualizado. Tampoco se respeta el Código Urbanístico porque cada negocio inmobiliario que se impulsa y que no se adecúa a sus parámetros urbanísticos, genera la modificación ad hoc de sus normas en la Legislatura. La acumulación de excepciones tendrá relevantes impactos sociales y ambientales que solo serán conocidos cuando se aprueben todos los convenios surgidos de la convocatoria o fuera de ella. Así se cambia la planificación de la ciudad, sin información ni participación ni debate público, en un proceso cerrado que sólo se revela a medida que los convenios llegan en tandas a la Legislatura y se aprueban a ritmo exprés.”, concluyen.

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